Ayuntamiento Boadilla del Monte, condenado a extinguir contrat
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El juez da por probada "la voluntad de hostigar y menospreciar a la tecnico municipal Ana Garrido " y el Consistorio de Boadilla del Monte - Madrid ,tendrá que extinguir la relación laboral e indemnizarla con más de 96.000 euros, en parte por "daños morales"
Los problemas laborales de Ana Garrido, técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) durante más de 20 años, empezaron en 2007, cuando no tragó con las prácticas del equipo municipal del exalcalde Arturo González Panero, en el epicentro de la trama Gürtel de corrupción que ha acabado salpicando a todo el PP. Testigo de la Fiscalía en el caso, entonces empezó su viacrucis laboral, con denuncias de acoso y bajas por depresión.
Juicio por acoso laboral
Con el nuevo equipo municipal, Ana Garrido pensó que podría haber un punto de inflexión, pero pronto comprobó que no sería así para ella y se acabó enfrentando al Ayuntamiento en los tribunales por acoso laboral en un juicio que tuvo lugar el mes de febrero pasado. Algunos testigos se echaron atrás, pero la denunciante contaba con grabaciones que probaban el mobbing. Y ha ganado consiguiendo una sentencia que deja mal parado al actual equipo de gobierno municipal.
Indemnización de 96.334 euros
El Juzgado de lo social número dos de Móstoles ha dado la razón a la demandante
“da por probada la situación de acoso laboral sufrida por Ana María Garrido Ramos” , condenando al Ayuntamiento de Boadilla del Monte a extinguir el contrato laboral con una indemnización de 81.437 euros más otros 14.887 “por daño moral”.
El juez no considera satisfactorias las explicaciones de los responsables municipales sobre las razones por las que se obstaculizó el trabajo de Garrido y da por probado que su responsable directo, el concejal Adolfo Arias Javaloyes, le advirtió de que “se lo iban a hacer pasar mal” sin que haya podido justificar la razón de esas palabras.
“Voluntad de hostigar y menospreciar a la trabajadora”
En su demoledora sentencia, el magistrado advierte de que la decisión de Arias de no reunirse con Garrido para abordar la paralización de su trabajo:
“constituye una voluntad consciente e intencionada, propia o ajena, de hostigar y menospreciar a la trabajadora, perturbando la relación de trabajo y dejando vacío el contenido de su relación laboral con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte”.
El fallo también entiende que ya desde el inicio se le asignaron funciones laborales “sin la percepción de salario que le correspondía”, lo que enmarca en una “situación coactiva” contra la trabajadora.
Según afirma la sentencia, «las explicaciones dadas por el citado concejal sobre el porqué de las declaraciones» que efectuó ante la demandante «no han sido convincentes». De acuerdo al juez, la decisión de Arias de no reunirse con Garrido «constituye una voluntad consciente e intencionada... de hostigar o menospreciar a la trabajadora».
«Podemos considerar que estamos ante un hecho suficientemente grave y reiterado en el tiempo que habilita a la rescisión del contrato con la obligación empresarial de abonar la indemnización del despido improcedente».
Además, el juez precisa que de septiembre a octubre de 2012, su jefe superior, el concejal de Deportes, Juventud y Empleo, Adolfo Arias, se negó «mediante cancelaciones o circunstancias análogas» a reunirse con la trabajadora con la «frecuencia» que la naturaleza del trabajo que desarrollaba requería. En este caso, Garrido estaba preparando el Plan de Juventud. «Ello implicó la paralización del desarrollo del plan», señala el juez, que da por válidas las grabaciones realizadas por Garrido de sus conversaciones con su jefe directo entre 2011 y 2013.
En una de ellas, Adolfo Arias le aseguraba que el motivo por el que se había parado el Plan de Juventud era porque «quieren que te canses», y en otra, coincidiendo con las fiestas patron El 9 de enero de 2013, el mismo concejal le aseguró en otra conversación que recoge la sentencia que estaba dispuesto a reconocer que estaba parado el plan y que todo lo que le pasaba era por haber puesto una demanda contra el Ayuntamiento. Durante todo ese periodo, Garrido sufrió varios episodios de depresión que le obligaron a cogerse bajas.
Según afirma la sentencia, «las explicaciones dadas por el citado concejal sobre el porqué de las declaraciones» que efectuó ante la demandante «no han sido convincentes». De acuerdo al juez, la decisión de Arias de no reunirse con Garrido «constituye una voluntad consciente e intencionada... de hostigar o menospreciar a la trabajadora».
Contra la sentencia cabe recurso y es previsible que el Ayuntamiento de Boadilla lo haga, aunque de momento por su parte Garrido recurrirá las cantidades de la indemnización.
La necesaria ayuda contra el mobbing
«Estoy feliz, todavía no me lo creo, es que ha sido mucho tiempo viviendo esta pesadilla», aseguraba nada más conocer la sentencia Garrido, que ha «tenido la suerte de encontrar con un juez que de verdad ha hecho justicia». «Es que claro que hay jueces justos», subrayó.
Un ejemplo para todos los empleados públicos
En cuanto a la reacción de la oposición ante el fallo, el portavoz de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, se ha mostrado prudente porque todavía no lo conocen. “Lo que sí sabemos es que Garrido denunció la corrupción del PP en Boadilla y es un ejemplo para todos los funcionarios de la Administración pública que conocen casos y los denuncian”. “Si el acoso laboral se confirma en la sentencia es un hecho gravísimo sin precedentes, porque la denunciante es testigo de la Fiscalía en la mayor trama de corrupción política en España”, ha alertado Galindo.