Elena Manzano afirma que es perfectamente compatible la bajada de impuestos con un aumento en la recaudación y la prestación de los servicios públicos

Manzano ha defendido que Extremadura necesitaba "un sistema tributario justo e igualitario", ya que era una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal y con las rentas más bajas.

En este sentido, la consejera ha afirmado que la bajada de impuestos es perfectamente compatible con un aumento en la recaudación, como ya se ha comprobado este año, y con una prestación de los servicios públicos.

Por ello, ha explicado que una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno de María Guardiola fue aprobar un decreto ley con medidas fiscales tan importantes como la bajada del IRPF en los dos primeros tramos al 8 y al 10 por ciento, beneficiando a todos los contribuyentes extremeños y en especial a los de rentas medias y bajas.

Esta medida que la Junta de Extremadura aprobó el año pasado ha supuesto la devolución de 42 millones de euros a los contribuyentes extremeños que han presentado su declaración de la renta y, al mismo tiempo, también se ha producido un aumento de contribuyentes.

Además, la consejera ha destacado, las medidas fiscales que el Gobierno regional está poniendo en marcha para evitar que los extremeños se tengan que ir de Extremadura por falta de oportunidades.

"Había que combatir una política de expulsión de extremeños que se veían obligados a irse. Para ello, teníamos que poner en marcha medidas para atraer habitantes", ha remarcado.

Elena Manzano ha recordado la ampliación de la deducción de un 5 por ciento hasta un 30 por ciento en el alquiler de vivienda para jóvenes menores de 36 años y ha añadido que próximamente se pondrá en marcha una nueva deducción en el IRPF para nuevos residentes de un 50 por ciento durante los tres primeros años y de hasta un 75 por ciento para menores de 36 años que decidan instalarse a vivir en Extremadura.

"Queremos dar un paso más en una medida y corregir una grave desigualdad en el Impuesto de Sucesiones equiparando el tratamiento que reciben los grupos I y II de parentesco a los grupos III y IV cuando en estos últimos concurra especial vinculación. Para ello, crearemos un Registro Autonómico de Especial Vinculación que recoja particularidades", ha señalado.

La consejera ha resaltado que medirá el impacto de cada una de estas medidas y analizará la efectividad de los beneficios fiscales que se implementen, "manteniendo los que son efectivos y eliminando aquellos que no lo son".