La Junta abre una línea de ayudas para que las empresas puedan adaptar los puestos de trabajo en caso de discapacidad sobrevenida

Se trata de la primera convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo de las personas trabajadoras con discapacidad en las empresas de la Comunidad Autónoma, que cuentan con un presupuesto de 200.000 euros para el 2024.

En algunas ocasiones la discapacidad de la persona trabajadora viene motivada por el desarrollo de su propio trabajo, es decir, lesiones derivadas de un accidente laboral, enfermedad profesional u otros daños de índole laboral que llevan a presentar una merma para poder ejercer su trabajo en condiciones de seguridad y salud.

Estas ayudas permitirán a los empresarios adoptar las medidas para adaptar bien el puesto, las condiciones materiales, constructivas o del entorno ambiental a fin de que se encuentren en las mismas condiciones de seguridad y salud que el resto de las personas trabajadoras.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en su artículo 25 dispone que el empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

El objeto de estas subvenciones es analizar las condiciones laborales de las personas trabajadoras ya presentes en la organización laboral durante, al menos, 2 años y que presentan una discapacidad que le hacen ser más vulnerables ante determinadas condiciones de trabajo o del ambiente laboral.

Se trata de ayudar a las empresas a adoptar las medidas de prevención y/o protecciones necesarias "para que la discapacidad diagnosticada al trabajador no afecte en el desarrollo de sus tareas en condiciones de seguridad, ni suponga una carga económica para la empresa que limite su competitividad", ha destacado Pilar Bueno, directora general de Trabajo.

En estas ayudas se incluyen los gastos de formación e información específica para la persona trabajadora con discapacidad. De igual modo están incluidos en estas ayudas los gastos correspondientes al análisis y elaboración del estudio de adaptación del puesto de trabajo o lugar de trabajo.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas y las agrupaciones de personas físicas y jurídicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten. Los beneficiarios deben tener trabajadores por cuenta ajena, mediante contrato indefinido, tener actividad económica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y realizar las inversiones destinadas a la adaptación del puesto de trabajo.

Asimismo, podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, cumplan los requisitos enumerados en el artículo 3 de este Decreto y puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.

No podrán ostentar la condición de beneficiarios las empresas que desarrollen la actividad de minería, las administraciones públicas, ni los Centros Especiales de Empleo.

La cuantía de las subvenciones será del 50 % del coste de la inversión subvencionable, con un límite de 20.000 euros por beneficiario para la totalidad de las inversiones subvencionables realizadas y justificadas.

Así, "el Gobierno de María Guardiola vela por la seguridad e higiene en el trabajo en Extremadura" ha explicado Pilar Bueno y, para ello, "están en marcha una batería de medidas de ayudas públicas a las empresas, entre las que se encuentran estas que se describen, con el objeto de facilitar y promover la ejecución segura de los trabajos más peligrosos".