Unidas por Extremadura presenta 303 medidas que suponen “una alternativa al modelo mercantilista y de privilegios para los que más tienen de PP y Vox”

Unidas por Extremadura ha presentado 303 propuestas de resolución en el Debate de Estado de la Región que “suponen una alternativa al modelo mercantilista y de privilegios para los que más tienen de PP y Vox”. El grupo parlamentario defiende que las políticas desarrolladas por la derecha y la extrema derecha en el primer año de gobierno “solo favorecen a aquellos que no necesitan del estado del bienestar para tener todos sus derechos garantizados”.

Así, la formación, en lugar de plantear una bajada impositiva para “los más ricos”, presenta la puesta en marcha de un impuesto a la generación eléctrica para que “ser líder en producción de energía redunde realmente en contraprestaciones directas para los extremeños y extremeñas”. Además, también se plantea que se implante una tarifa eléctrica propia para la región “para que las instalaciones y proyectos de producción de energías tengan como objetivo prioritario colaborar al desarrollo económico y social de Extremadura, así como tomar diferentes iniciativas para abaratar el precio de la tarifa eléctrica en una región eminentemente productora como la nuestra”.

Y por supuesto, la formación también ha incluido como propuesta de resolución el cierre de la central nuclear de Almaraz, “la central más vieja de toda España”. “Hay que iniciar el proceso de cierre y desmantelamiento de la central para asegurar que el tránsito hacia un nuevo escenario productivo sea justo y socialmente beneficioso para todos”.

Además, Unidas por Extremadura considera imprescindible acordar una postura común de todo el arco parlamentario sobre el sistema de financiación autonómica en la linea de lo acordado en la declaración institucional de 22 de febrero de 2024 “porque Extremadura tiene derecho a contar con una financiación adecuada que garantice la disposición de recursos suficientes e impulse un crecimiento cohesionado de nuestra región”. Así como la puesta en marcha de medidas de armonización fiscal entre comunidades autónomas “para evitar la competencia fiscal entre las regiones”.

En materia de servicios públicos, Unidas por Extremadura propone volver a recuperar la gratuidad los comedores escolares que el PP y Vox eliminaron en los primeros 100 días de gobierno. También implantar un sistema de FP adaptada a la realidad extremeña, con especial atención al mundo rural. Igualmente, se solicita que se mantenga la oferta de plazas en residencias de estudiantes y escuelas hogar de la región, “ya que son un recurso imprescindible para garantizar la escolarización de los estudiantes que, por motivos que fueren, no pueden seguir sus estudios desde su domicilio habitual”.

En Sanidad, el grupo parlamentario, entre otras, aboga por desarrollar un plan estratégico para combatir las listas de espera, ya que la región “tiene los tiempos de espera más altos del país”. También propone desarrollar otro plan estratégico para la Atención Primaria “para garantizar la accesibilidad y la continuidad en la atención, proveer de la tecnología necesaria y procurar el desarrollo profesional y la satisfacción de los usuarios y de los profesionales son aspectos centrales en nuestro sistema de salud”.

Unidas por Extremadura también solicita que elabore un nuevo pliego y contrato del modelo de transporte sanitario. “Un modelo en el que prime más la calidad asistencial y nos sitúe en los estándares cercanos en materia de recursos de transporte sanitario asistencial”.

En Servicios Sociales, Unidas por Extremadura plantea la puesta en marcha de una Ley de Servicios Sociales que combata las altas tasas de pobreza y exclusión social de la región. También solicita la implantación de un programa alimentario digno, de forma que en 2025 Extremadura cuente con un modelo de atención a la asistencia material básica consensuado con las organizaciones sociales del Tercer Sector y con los grupos parlamentarios.

En Igualdad, el grupo parlamentario propone el incremento de la financiación de las oficinas de igualdad que garantice la Igualdad salarial para todas esas oficinas y también que se adopte un sistema de financiación que garantice la estabilidad de las plantillas y el recurso. Además, Unidas por Extremadura plantea que se garantice en los centros públicos de la región el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y que se elabore un estudio y se pongan en marcha medidas para reducir la violencia obstetricia.

En Vivienda, Unidas por Extremadura exige que declaren zonas tensionadas todas aquellas ciudades de la región que se hayan visto afectadas por el rápido encarecimiento de los precios del alquiler y que se ejecute un plan ambicioso de construcción de vivienda pública para ampliar la oferta y contribuir, así, al descenso de los alquileres.

En cuanto al sector primario, una de las propuestas de resolución del grupo parlamentario plantea la creación de una mesa de trabajo con la comunidad de regantes de Tierra de Barros “para redirigir los fondos hacia partidas que están señalando como prioritarias, en especial a la incorporación de jóvenes agricultores y a la inversión para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones”.

También que se elabore y ejecute con carácter urgente una estrategia de medidas de lucha contra la sequía y que se apruebe una Ley de Protección de la Agricultura y la Ganadería Social y Familiar. Por último, otra propuesta plantea obligar a las empresas que pongan en marcha procesos de reforestación en los que reciban financiación autonómica a realizarlo a través de la contratación en las localidades aledañas mediante la gestión conjunta con los ayuntamientos.

En transportes, se plantea desarrollar políticas públicas de transporte bajo un criterio mallar, “que garanticen la cohesión y vertebración territorial de todas las zonas de Extremadura”. Entre las propuestas también se incluye llevar a cabo el diseño e implantación de una red extremeña de cercanías ferroviarias, “de manera que se logre una conexión real y adecuada, tanto en horarios como en frecuencias, entre las zonas rurales y las capitales”.

Entre las 303 propuestas de resolución también se incluye que no se derogue la Ley de Memoria Histórica de Extremadura, que se refuerce la política de cooperación internacional y que se condene el genocidio perpetrado por Israel, así como que se muestre su solidaridad y apoyo a los palestinos y palestinas y con el pueblo saharaui.