La Junta garantiza los cuatro centros de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual en Extremadura y pide "coherencia y responsabilidad" a la oposición

Asimismo, Ara Sánchez ha pedido "coherencia y responsabilidad" al Grupo Parlamentario Socialista ante las acusaciones realizadas, y que "poco ayudan a la igualdad y a la lucha contra la violencia sexual, y más bien pretenden alarmar sin base alguna".

El Gobierno regional, ha dicho la secretaria general, trabaja para dar "soluciones reales" a los extremeños frente a la "situación de parálisis" de los últimos tres años y medio. Un periodo en el que, según ha informado, se contaba con un total de 3,4 millones de euros para poner en marcha los centros, pero "tan solo se ejecutaron algo más de 5.000 euros en la redacción del proyecto del centro de Mérida".

De igual modo, Sánchez Vera ha explicado que, para cumplir con el plazo requerido por la Unión Europea, que se ha prorrogado hasta diciembre de 2024, el Ejecutivo extremeño ha optado por adaptar, eficientemente, espacios ya construidos. De lo contrario, ha advertido, Extremadura se hubiera visto "abocada a perder los recursos europeos" destinados a la construcción de diversos centros en las distintas comunidades autónomas. En total, España cuenta con 83 millones de euros para este cometido, y el objetivo es que cada una ponga en marcha, al menos, un centro por provincia.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación también ha reconocido el "esfuerzo" de los técnicos de la Junta de Extremadura para sacar adelante los cuatro centros en "trece meses". Se trata -ha aseverado- de poder facilitar a las víctimas "unos centros perfectamente dotados y con profesionales especializados las 24 horas del día, los 365 días del año".

En este sentido, ha lamentado que el grupo socialista "no esté pensando en el verdadero alcance de la activación de estos centros para las víctimas", y sólo esté "buscando la crispación" con un asunto tan sensible.

Finalmente, Sánchez Vera ha hecho un llamamiento para que, en línea con las recomendaciones comunitarias, no se desvele la ubicación exacta de los centros. "Reclamo un mínimo de responsabilidad. Tenemos la obligación de no exponer la localización de estos centros para evitar la revictimización de mujeres y niñas que sufran o hayan sufrido agresiones sexuales", ha asegurado para después subrayar la importancia de protegerlas.