Extremadura destaca el problema que tienen muchas CCAA para tener los centros de crisis para víctimas de violencia sexual antes de finales de año y pide una prórroga

A esta circunstancia se une la gran extensión territorial y dispersión geográfica de Extremadura, lo que ha hecho que se haya decidido crear un total de 4 centros, en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, a pesar de que la UE, a través de cuyos fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) se van a financiar estos, tan sólo exigía la creación de dos, uno por provincia.

"Extremadura es una comunidad autónoma muy extensa, la provincia de Badajoz es casi tan grande como Suiza". Es una región eminentemente rural y "es una responsabilidad de los poderes públicos llevar todos los recursos posibles a cualquier mujer que pueda ser víctima de violencia de género o violencia sexual en el último pueblo de Extremadura, ya sea lindando con la provincia de Salamanca o con la provincia de Huelva".

Desde noviembre del pasado año, ha resaltado la secretaria general, "estamos haciendo esfuerzos titánicos para la puesta en marcha de los cuatro centros de crisis, precisamente para intentar atender las necesidades de esta población que tiene Extremadura".

La secretaria general justificó la necesidad de la prórroga porque "vamos muy justos de tiempo, y si hubiera algún problema, como el hecho de que se pudiera quedar desierta alguna licitación, estaríamos con verdaderas dificultades".

María del Ara Sánchez también ha puesto de manifiesto el problema con el que se van a encontrar muchas comunidades autónomas, entre ellas la extremeña, para poder hacer frente al pago del personal técnico de los centros y los suministros básicos, que no entran dentro de la financiación de los MRR.

A este respecto, en la Conferencia Sectorial se ha informado de que, de manera excepcional, las comunidades autónomas podrán acumular para el próximo ejercicio presupuestario lo no ejecutado de los fondos del Pacto de Estado y que con estos fondos podrán financiarse los gastos de personal, siempre que la cuantía no supere el 40 por ciento.

Para finalizar, Sánchez Vera, magistrada de profesión en servicios especiales, indicó que "la víctima es víctima, la mire un juez o la mire un político, porque al final nuestra responsabilidad es ser asertivos, cercanos, empáticos y, esa lucha se tiene que asentar en tres pilares, como son la prevención-sensibilización, la recuperación de la víctima y el castigo del delincuente".

En la Conferencia Sectorial se han aprobado los criterios de reparto y la asignación que corresponde a cada comunidad autónoma, tanto del Pacto de Estado como del Plan Corresponsables que, en el caso de Extremadura, es similar a la aportación del año pasado, en torno a 17 millones de euros, dado que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados.