El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo Plan de Residuos de Extremadura, que elimina la posibilidad de crear macrovertederos

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, quien ha destacado que los nuevos vertederos deberán respetar los planes urbanísticos y las ordenanzas municipales, y que su ubicación deberá estar supeditada a los informes del Instituto Geológico y Minero de España. En cualquier caso, quedarán excluidas las zonas protegidas y los entornos naturales de especial valor, así como las dehesas.

En este nuevo plan se prevé la instalación de 12 nuevas plantas de compostaje de residuos orgánicos y vegetales hasta el año 2030, ha explicado la portavoz, con la finalidad de "fomentar la descentralización de estos espacios".

Otra de las líneas de actuación del documento aprobado hoy por el Consejo de Gobierno es la fabricación de combustible derivada de los residuos y la modernización de los 'ecoparques' o plantas destinadas al tratamiento de residuos para reciclaje, un proyecto que Victoria Bazaga ha cifrado en 115,5 millones de euros de inversión.

En materia de prevención, ha señalado la portavoz, "vamos a incidir en la reducción de los residuos alimentarios y de los plásticos de un solo uso", así como en la mejora "de las recogidas separadas de los residuos municipales" de acuerdo con la normativa europea.

"En concreto -ha dicho- queremos lograr la implantación generalizada en Extremadura de la recogida de la 'quinta fracción', que es la de los residuos orgánicos, los que van al contenedor marrón".

La portavoz de la Junta de Extremadura ha subrayado que con el nuevo PIREX se espera disponer de una red de instalaciones de tratamiento de residuos adaptada a las necesidades de la región, garantizando "la salud de las personas y del medio ambiente", lo que facilitará una gestión eficiente de los residuos y fomentará la economía circular.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), que será suscrito por las consejerías de Educación, Ciencia y Formación Profesional y de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Mediante este acuerdo, se pretende fomentar la cooperación en materia de investigación entre el Estado y la región, y apoyar a las empresas extremeñas en su desarrollo tecnológico, fomentado proyectos de I+D+I. También servirá para canalizar la solicitud de ayudas públicas y la participación en programas internacionales.

PUENTE INTERNACIONAL ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha comparecido también el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, quien ha atribuido al Gobierno de España el retraso en los trámites para construir un puente internacional sobre el río Sever -entre España y Portugal-, cerca de la localidad extremeña de Cedillo.

En este sentido, el consejero ha instado al Ejecutivo central para que permita cuanto antes que el proyecto pueda seguir adelante y ha recordado que este ya contaba con un informe favorable del Ministerio de Política Territorial.

Sin embargo, ha recalcado Martín Castizo, la firma del convenio entre la Junta de Extremadura y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de la región portuguesa del Alentejo fue paralizada "porque lo quiere firmar el ministerio".

En este sentido, el consejero ha reiterado que "nuestro interés es que se firme" y ha insistido en que el proyecto "está bastante maduro por nuestra parte y por la del país vecino, deseamos que sea una realidad y confiamos en que sea así en la mayor brevedad".

Asimismo, el titular de Infraestructuras ha alegado que la Junta de Extremadura tiene competencias para firmar ese convenio, amparándose en el artículo 52 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, por una parte, y en el Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre Cooperación Transfronteriza de Entidades e Instancias Territoriales, firmado en Valencia en octubre de 2002.

Martín Castizo ha recordado también que la Junta de Extremadura tiene presupuestado en dos millones de euros el coste de la carretera que dará acceso al puente, mientras que la propia infraestructura será financiada por el Gobierno portugués. Sin embargo, la ubicación exacta no se conoce aún.

Finalmente, el consejero ha asegurado que desde hace semanas su departamento mantiene contactos, tanto por vía telefónica como a través de correo electrónico, con responsables de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, para concertar una reunión en la que se hable de infraestructuras pendientes que afectan a ambas regiones.