Leire Iglesias destaca que la nueva ley de vivienda servirá para proteger a los menores de los desahucios, controlar el precio del alquiler y facilitar la compra a los jóvenes

Un registro que se ha producido tras la celebración del Consejo de Gobierno que se ha reunido este lunes en convocatoria extraordinaria para abordar este asunto. La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda ha señalado que esta propuesta de modificación de la ley 11/2019 incorpora, fundamentalmente, tres cuestiones que fueron un compromiso que partió de la elaboración del plan de vivienda de la región.

El proyecto de ley recoge la regulación del impuesto a las viviendas vacías a grandes tenedores de viviendas, personas jurídicas, sociedades y grandes fondos de inversión que tengan más de cinco viviendas vacías durante un período de tiempo acumulado de más de un año. "Entendemos que una de las formas de controlar el precio del alquiler es mejorar la oferta y no permitir que haya grandes sociedades que acumulen viviendas desocupadas y que, con eso, procuren que no haya oferta disponible suficiente en nuestra región", ha destacado Iglesias.

Por otro lado, la consejera ha añadido que la ley contempla la creación de un fondo de garantía de adquisición de vivienda para facilitar el acceso a la compra, especialmente a la población joven. "Si bien los datos de empleo en la región y de empleo joven van mejorando, especialmente con los contratos indefinidos, todavía hay población que no tiene la suficiente capacidad de ahorro para comprar una vivienda. Queremos convertirnos en avalistas y garantes de la parte de la financiación que no pueden disponer las personas jóvenes y eso se tiene que regular por ley también", ha recalcado.

Asimismo, Iglesias ha puesto en valor la creación del mecanismo de garantía de las personas menores frente a la pérdida de vivienda en Extremadura. "Es muy novedoso porque no existe marco comparativo en otras partes del territorio y se atiende a la ley de protección a la infancia. El hecho de ser lanzado de una vivienda por cuestiones forzosas es un acto muy violento para el conjunto de la familia, pero que, especialmente, padecen los menores", ha señalado.

La consejera ha agregado que este mecanismo de protección permitirá que "cuando se produzca una pérdida de vivienda, antes de tener que acudir al desalojo, la Administración responda con cualquier instrumento bien sea adquisición de inmuebles, subvenciones o adjudicación directa de una vivienda para evitar que las personas menores tengan que sufrir estas situaciones y para prevenir una circunstancia de esas características".