Los PGEx para 2023 defienden el Estado del Bienestar con políticas económicas y sociales que refuerzan el tejido productivo y el empleo y reducen la brecha de la desigualdad

Las cuentas regionales incrementan su cuantía un 11 por ciento respecto a 2022, en cifras redondas 774¿6 millones de euros, y que entre sus objetivos fundamentales contemplan garantizar la calidad de los servicios públicos, avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo y promover la coherencia y responsabilidad fiscal.

Unos objetivos que se complementan con medidas para paliar los efectos de la inflación, garantizar el carácter universal, gratuito y público de la sanidad y la educación, para consolidar cambio en el modelo productivo, para dar respuesta a los desafíos medioambientales, para progresar en la transformación digital y para desplegar eficazmente los fondos europeos.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha destacado que estos presupuestos miran a las necesidades de todos los extremeños, atienden a las incertidumbres de los trabajadores y del tejido productivo regional, aportan estabilidad y seguridad jurídica, y reducen la brecha de las desigualdades.

Y que, desde el inicio, según ha remarcado, se han negociado en el marco de la concertación social y con los grupos parlamentarios, a los que el Gobierno autonómico ha tendido la mano para abordar medidas que beneficien a todos los extremeños sin líneas rojas ni orientaciones ideológicas.

Los presupuestos autonómicos para 2023 han incorporado, durante el trámite parlamentario, enmiendas dirigidas a ampliar al 100 por cien la bonificación de las tasas de comedores escolares y aulas matinales y al 50 por ciento la tasa de la ITV para vehículos ligeros, al refuerzo de Atención Primaria y la Salud Mental y del personal del 112 y de los agentes del medio natural y al establecimiento de mecanismos de colaboración público-privada para la mejora de las capacidades de gestión y control de los fondos europeos.

Asimismo, se han aumentado la asignación para la promoción al mercado de trabajo a las personas con discapacidad, para la innovación tecnológica en el empleo, para la estrategia 'De la granja a la mesa' de acompañamiento a los productores en su transformación hacia prácticas más sostenibles y a la mejora tecnológica de las bibliotecas escolares.

Del mismo modo, durante la sesión plenaria, se han aprobado nuevas partidas para promoción del pequeño comercio y de los mercados de productos locales, se ha ampliado la cuantía destinada a las tres fiestas extremeñas de interés turístico internacional: las semanas santas de Mérida y Cáceres, y el Carnaval de Badajoz; y además para la formación en temas de violencia de género.
También se han incorporado enmiendas destinadas a la mejora vial de la EX100 y de la estación autobuses de Coria, a la gestión de residuos agrarios, a la mitigación del cambio climático y a la reducción de residuos.

Unas enmiendas que se suman a las 53 ya aprobadas durante el trámite de Comisión, por lo que, en total, se incorporan un total de 95 enmiendas.

MEDIDAS CONTRA EL EFECTO DE LA INFLACION

Los Presupuestos para 2023 destinan siete de cada diez euros a las políticas sociales, con un montante global de 4.798¿1 millones de euros, un 9¿2 por ciento más que en el actual ejercicio; mientras que las políticas económicas, dirigidas al refuerzo de la recuperación, crecen más de un 11 por ciento hasta alcanzar la cifra de 1.844¿6 millones de euros.

Es especialmente relevante, entre las políticas sociales, el incremento de las políticas de Sanidad (casi un 10%), de Dependencia (10¿6 %), de Promoción Social (más del 17 %) y, sobre todo, de Vivienda, con una subida cercana al 60 %.
En el apartado económico, destaca el aumento de las políticas de Innovación y Tecnología (un 22%), de Infraestructuras (18¿9%) y de Empresa (+9¿5 %).

Unas cuentas regionales que se han elaborado desde la prudencia de las previsiones, que cuentan con el aval de la Airef, y que contemplan un crecimiento del 1¿85 por ciento del PIB y del 0¿85 por ciento del empleo en 2023, y que incluyen una serie de medidas para aminorar los efectos de la inflación, con especial atención a los más sufren este contexto de subida de precios.

Unas actuaciones diseñadas con todos los medios al alcance de las competencias regionales y que despliegan actuaciones en materia de fiscalidad, en el mercado hipotecario, de apoyo al tejido productivo y para la protección del empleo, así como en áreas como la energía, transporte, educación, agricultura y los servicios sociales.

Y que se complementa, en el plano fiscal, con un conjunto de medidas que consagran la mayor reducción de tasas y precios públicos acometida en la Comunidad autónoma, con un impacto económico de 20 millones de euros.