La Junta subraya su compromiso para acabar con la explotación sexual y la trata de personas que atentan frontalmente con los derechos humanos

La trata de seres humanos representa una de las violaciones más flagrantes de los derechos fundamentales. Una manifestación de la situación de discriminación y desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos países del mundo, en la mayoría de los casos invisibilizadas, constituyendo una patente expresión de la violencia de género. Esta forma de esclavitud del siglo XXI con fines de explotación sexual afecta, principalmente, a mujeres y niñas.

Según el Informe Global de Trata de Personas 2021 el 92 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, lo que denota la existencia de una dimensión de género de la trata de seres humanos y la explotación sexual.

Datos aportados por la ONU muestran que España encabeza la lista de los países de la Unión Europea con más de un 40% por ciento de los hombres que han acudido a la prostitución al menos una vez en su vida, frente al resto de países europeos que se sitúan cerca del 19 por ciento. Además, en España, el 90% de las mujeres que se dedican a la prostitución son pobres.

En Extremadura, solo durante el pasado año, APRAMP, asociación que trabaja en la atención a estas víctimas, atendió a más de mil mujeres que estaban atrapadas en la trata o la explotación sexual. Y su unidad móvil detectó y visitó a 148 zonas de ejercicio de la prostitución en la región (136 pisos y 12 clubes).

Por otro lado, Mujeres en Zonas de Conflicto (MZC) atendió a lo largo de 2021 a 204 mujeres en contextos de prostitución en Extremadura, de las que 15 eran víctimas o presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Y según datos de la Memoria de Fiscalía (publicada en 2021) aportados por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, en nuestra región se produjeron 86 inspecciones en 2020 en las que detectaron 225 personas en situación de riesgo de trata o explotación sexual.

ESTRATEGIAS PARA PONER FIN A ESTA LACRA

En este contexto, la Junta de Extremadura trabaja, junto con otras administraciones y entidades privadas, en estrategias que permitan poner fin a la prostitución y a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas.

Extremadura cuenta a día de hoy con un Protocolo contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual para garantizar la atención integral a mujeres víctimas de trata y explotación sexual y en contextos de prostitución.

Además, el pasado mes de junio se presentó lo que será el Libro Blanco sobre la situación de la trata en Extremadura, confeccionado por cuatro asociaciones que trabajan en Extremadura en la atención a mujeres víctimas de explotación sexual, APRAMP, Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), Malvaluna yAsociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEx). Un documento que será un análisis fiable, detallado y concreto de los agentes claves que operan en Extremadura contra la trata.Uno de los logros conseguidos es que, por primera vez en Extremadura, las organizaciones que trabajan en contextos de prostitución y trata pueden acreditar la condición de víctima de trata. Esto es posible a raíz del Real Decreto-ley 6/2022 de medidas extraordinarias que el Gobierno de España puso en marcha en respuesta a la guerra de Ucrania y que se ha materializado en la región en el Decreto-ley 2/2022 de 4 de mayo de la Junta de Extremadura.

La Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo insiste en que no es posible hablar de igualdad real y efectiva, de feminismo o de un sistema democrático si no se respetan los derechos más básicos como son los derechos humanos. La trata de personas y la explotación sexual de mujeres, niñas y niños atenta frontalmente contra ellos.