La Junta de Extremadura coincide con el modelo residencial que promueve el acuerdo nacional de mejora y calidad de las residencias

Ha dicho que el acuerdo apuesta “por la calidad que recibirán las personas y la calidad de empleo que produce” y contempla unas cláusulas de salvaguarda por si en algún momento, “como ocurrió en el año 2012, a algún Gobierno de España se le ocurre eliminar parte de la financiación de la que dependemos”.

Vergeles ha señalado que el acuerdo es respetuoso con las competencias de la Comunidad Autónoma y está fundamentado en el artículo 34.2 de la Ley de Dependencia.

Ha añadido que está enfocado a asegurar unos servicios personificados definidos en los que se ofrecen unas prestaciones que apuestan por la mejora continua de la calidad y  unos servicios adaptados a la vida de las personas “que aseguran el respeto a su dignidad”.

El consejero ha dicho que es un modelo que facilita la coordinación efectiva entre los modelos sanitarios y los servicios sociales “que permite que los centros se configuren en la proximidad y con una vocación de servicio comunitario”.

En su opinión, la esencia del acuerdo es que la persona viva donde quiere vivir con calidad y si tiene que vivir en una residencia “que esta se parezca lo más posible a su hogar”.

Ha explicado que la Junta de Extremadura “en ningún momento” se ha negado al citado acuerdo sino que lo que hizo en el anterior pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía a la Dependencia “fue solicitar tiempo para estudiarlo bien”.

 Tras el estudio del acuerdo, “la Junta de Extremadura votó a favor del mismo porque “puede sentar bien a los extremeños” y lo ha definido como un sistema que “va a dotar de calidad a los servicios en un momento del ciclo vital individual y familiar de la personas que más lo necesitan”.

Ha indicado que el acuerdo apuesta por una década para mejorar la calidad de los centros residenciales donde viven las personas “y se vincula con el nivel acordado”.

En este sentido, ha afirmado que “si algún Gobierno sin alma”, en algún momento determinado vuelve a hacer lo que hizo el Estado hizo en el año 2012 con el Real Decreto Ley 20/2012, “que desapareciera le nivel acordado”, que sepa la sociedad “que lo que acaban es de cercenar la posibilidad de calidad en los centros residenciales”.

Ha explicado que con la aplicación de ese Real Decreto “perdimos mucho” y que hasta hace dos años, “que se empieza a recuperar la dependencia”, las Comunidades Autónomas han sido las que más dinero han invertido en este sector.

En este sentido, ha comentado que Extremadura ha invertido hasta un 88 por ciento, “cuando Estado y Comunidades Autónomas deben invertir al 50 por ciento”.