La Política de Cohesión de Extremadura para 2021-2027 centra la inversión en las pymes, las infraestructuras sanitarias y la transformación energética, digital y tecnológica

Así lo ha destacado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia a petición propia ante la Subcomisión para el estudio, seguimiento y control de los Fondos Europeos de la Asamblea de Extremadura para informar de la programación realizada por Extremadura para el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

Blanco-Morales ha resaltado que este borrador será sometido a información pública a partir del próximo lunes 13 de junio, después de ser debatido con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios y, posteriormente, se elevará para su aprobación a la Comisión Europea.

Un borrador que además depende del Acuerdo de Asociación que vinculará a España en la distribución de los fondos.

La titular de Hacienda ha incidido en que la Política de Cohesión de la Unión Europea, aún más tras la pandemia y la guerra de Ucrania, es un elemento esencial de la política europea e indispensable para Extremadura desde que se adhirió a los Tratados de Roma.

En el momento actual, ha detallado, el reto es materializar con estos fondos los objetivos de la Comisión Europea de una transformación económica más digital, verde y con mayor cohesión social, pilares de la programación que ha elaborado la Comunidad Autónoma, tanto para el Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) como para el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Extremadura ha realizado la programación de los fondos con base en tres retos horizontales: consolidar un modelo de desarrollo sostenible, convertir a la región en un destino atractivo para empresas e inversores y abordar el reto demográfico.

Todo ello, según ha explicado Blanco-Morales, tras realizar un estudio socioeconómico de la región, analizar los logros y debilidades del anterior periodo 2014-2020, establecer la coherencia entre las estrategias sectoriales y regionales, abordar las novedades de los reglamentos (simplificación de los objetivos políticos, establecimiento de concentraciones temáticas…) y buscar la complementariedad con los fondos europeos extraordinarios.

FEDER

El Fondo de Desarrollo Regional tiene una asignación de 1070,7 millones de euros y, según ha mantenido la vicepresidenta primera, tendrá dos protagonistas: las infraestructuras sanitarias y las pymes, que serán las destinatarias de más del 50% del objetivo político 1, de una Europa más verde, innovadora y transformada digitalmente.

Un objetivo al que se destinarán 333 millones de euros (un 32 por ciento del total), mientras que el objetivo 2 dirigido a una Europa más verde contará con una cuantía de 331,4 millones de euros (32 por ciento). El objetivo 3 (una Europa más conectada) dispondrá de 100 millones de euros, un 10 por ciento del total, y el objetivo 4, una Europa más social e integradora, con 270 millones de euros, el 26,1 por ciento.

En cuanto a las concentraciones temáticas, aquellas inversiones en las que Europa quiere concentrar los fondos, Extremadura cumple con porcentajes marcados y destina un 34 por ciento a la lucha contra el cambio climático; un 29,8 por ciento al medioambiente y un 4 por ciento a la biodiversidad.

FSE+

El objetivo del Fondo Social Europeo Plus incide, según palabras de la vicepresidenta, en la dimensión de la cohesión social, con un carácter innovador, en la lucha contra el desempleo, contra la exclusión social, la garantía juvenil y la atención de colectivos vulnerables.

Y es que, a juicio de la titular de Hacienda, el FSE+ es el principal instrumento para fortalecer la cohesión social y defender el pilar europeo de los Derechos Sociales, de forma que apoya a las regiones a elevar los niveles de empleo y protección social y así obtener sociedades más cohesionadas.

Del mismo modo, Blanco-Morales ha señalado que este fondo completa y añade valor a las políticas de los Estados miembros para garantizar la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, unas condiciones laborales justas y de calidad, de aprendizaje permanente, de inversión de menores, jóvenes, lucha contra la pobreza…

A este fin, se contemplan 488 millones de euros, de los cuales 200 millones de euros se dirigen a empleo, 156,7 a educación de formación y 131,6 a inclusión social.

Tras someterse a información pública, la previsión es que la programación de la Política de Cohesión 2021-2027 se apruebe en noviembre de 2022.