La Junta de Extremadura valora como “muy beneficioso” para la región el Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la crisis económica
- Publicado: 30/03/2022 16:37
- por: extremadura.com
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El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha valorado como “muy beneficioso” para la región el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros en el que se adoptan medidas urgentes de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Esas medidas han sido analizadas este miércoles por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en un momento en el que, como ha reconocido el portavoz del Ejecutivo, la crisis económica tiene “dos derivadas muy peligrosas” como son las consecuencias de la Guerra de Ucrania y la elevada inflación.
En relación con la rebaja de 0,20 céntimos por litro de combustible, Juan Antonio González ha señalado que ese ahorro beneficiará a 2.547 trabajadores autónomos del sector del transporte, además de otros 5.436 asalariados que dependen del mismo sector, y, en general, a todos los ciudadanos que tienen que hacer uso de los carburantes.
Además, ha mencionado la limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación, vigente hasta el próximo 30 de junio, atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler.
Esta medida afectará, según el portavoz de la Junta de Extremadura, al 25 por ciento de las 50.000 viviendas en alquiler que hay en Extremadura, aquellas que tenían prevista una revisión de precios próximamente.
Otra de las medidas que el Ejecutivo extremeño considera acertada es la extensión del bono social eléctrico a 600.000 familias en todo el país. Por lo que respecta a Extremadura, de las 65.862 familias que se benefician actualmente del bono social se pasará a 96.158 familias, lo que significa que se amplía a más de 30.000 familias extremeñas.
La aplicación del bono social supone descuentos de entre el 50 y el 60 por ciento en la factura para los consumidores, dependiendo de la vulnerabilidad de las familias, y se mantendrán hasta el 30 de junio.
Asimismo, González ha recordado que con el fin de rebajar los precios energéticos y reforzar la protección de los consumidores, se mantienen las rebajas fiscales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10% y del Impuesto de la Electricidad al 0,5%, así como suspensión del impuesto a la generación eléctrica, medidas que, ha añadido, van a beneficiar a 600.000 extremeños.
En cuanto a las medidas adoptadas para favorecer al sector agrícola, el portavoz de la Junta de Extremadura ha destacado la modificación normativa que permitirá a los agricultores utilizar las hectáreas de barbecho para producir cereales y oleaginosas y mejorar el suministro de estos productos. Esta decisión permitirá que los agricultores extremeños puedan disponer, excepcionalmente, de 47.549 hectáreas que corresponden a superficie de barbecho.
RETO DEMOGRÁFICO
Por lo que respecta a los acuerdos del Consejo de Gobierno, González ha anunciado la aprobación de la Estrategia ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, un documento que supone un “segundo paso” en la lucha contra la despoblación después de que el pasado 24 de febrero se aprobara en la Asamblea de Extremadura la Ley de Reto Demográfico, fruto de un pacto político entre los partidos con representación en la cámara regional.
Esta estrategia será suscrita próximamente por el presidente de la Junta de Extremadura y los agentes sociales y económicos de la región.
Además, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Acuerdo General de Formación en el ámbito de la Administración de la Junta de Extremadura, un plan destinado a 18.000 empleados públicos del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
El acuerdo anterior sobre esta materia data de 1999, pero los sucesivos cambios en la Administración y el tiempo trascurrido obligaban a realizar una actualización. Entre esas circunstancias el portavoz ha mencionado la asunción de nuevas competencias y los traspasos de funciones y servicios en los ámbitos educativos y sanitarios; el proceso de modernización de la propia Administración autonómica; la adaptación de los servicios públicos a las necesidades organizativas y los nuevos retos que han de ser abordados desde el ámbito de las políticas públicas.