Blanco-Morales destaca que el Decreto-Ley 1/2022 optimiza la contratación pública para impulsar la recuperación y el crecimiento sostenible e innovador de Extremadura

Así lo ha mantenido durante su comparecencia a petición propia en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que se ha sometido a convalidación esta norma autonómica.

La contratación pública, ha señalado la vicepresidenta, es un medio para alcanzar objetivos de carácter económico, social y medioambiental demandados por la ciudadanía y no sólo un conjunto de pautas que la Administración sigue para adquirir bienes y servicios.

En este contexto de crisis por las consecuencias de la pandemia y de la guerra en Ucrania, la titular de Administración Pública ha remarcado que la eficiencia en la contratación es una obligación ineludible para el Gobierno, de forma que se dé el mejor uso posible a los recursos disponibles y se contribuya a mitigar los efectos de la crisis.

Por ello, Blanco-Morales ha señalado que las medidas incluidas en el Decreto-Ley persiguen agilizar los procesos de contratación administrativa desde el equilibrio entre eficacia, transparencia y rigor, y sin desvirtuar los controles que garantizan el buen uso de los fondos.

La vicepresidenta ha destacado que esta norma recoge las inquietudes y demandas del empresariado extremeño y pone el foco en la calidad de las prestaciones objeto de los contratos.

El objetivo es que el aspecto cualitativo sea determinante en la oferta, y no se limite la adjudicación únicamente al criterio de precio, por lo que se considerarán aspectos como la calidad, la mayor vida útil de la obra o servicios o la innovación empresarial.

Asimismo, se otorga un tratamiento especial a los contratos de servicio de consultoría, ingeniería, arquitectura, urbanismo, tecnologías de la información y comunicación y cuidado de personas y se incluye la posibilidad de aplicar umbrales de saciedad en la valoración de ofertas para evitar las bajas desproporcionadas.

Para abordar el encarecimiento en los precios de las materias primas y de la energía, el Decreto-Ley prevé la obligación de incluir cláusulas de revisión de precios en todos los contratos que se liciten por procedimiento abierto, la no penalización por retrasos en los plazos derivados de la falta de suministros a consecuencia del desabastecimiento y se amplían las medidas de revisión en casos de alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra pública a los contratos que se encuentren en ejecución con anterioridad al 1 de enero de 2021.

Por todo ello, Blanco-Morales ha definido esta norma como ambiciosa e innovadora, con la que el Gobierno avanza en la calidad de la contratación pública estratégica socialmente responsable, a través de la cual impulsa la innovación, la transición ecológica, la eficiencia energética, la economía de los cuidados, la cohesión social y territorial y la transformación digital de la sociedad extremeña.