La Junta valora el informe sobre el cálculo de la población en el nuevo modelo de financiación, pero aportará las necesarias consideraciones

Blanco-Morales ha indicado que no se trata de una nueva propuesta ni de un  nuevo modelo de financiación autonómica, sino de un ejercicio de buen gobierno y transparencia para encontrar acuerdos con base técnica sobre los elementos cruciales del sistema de financiación autonómica y uno de esos elementos es el de la población ajustada.

La vicepresidenta cree que en este informe faltan elementos clave para avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica, pero valora que se haya facilitado a las comunidades este documento técnico, que será soporte de decisiones futuras relacionadas con un elemento tan importante como es el de la población ajustada.

Pilar Blanco-Morales ha explicado que la población ajustada es un elemento que sirve para definir el coste de la prestación de servicios de cada Comunidad Autónoma, siendo un factor clave en el reparto de los recursos de la autonómica.

La Junta valora el esfuerzo del Ministerio para configurar la nueva reforma del Sistema de Financiación Autonómica, al avanzar en la desagregación de las variables que conforman el concepto de población ajustada, de forma que se aproxime más al coste de prestación de los servicios en cada territorio.

Las consideraciones al informe enviadas por Extremadura cuentan con el consenso de los grupos parlamentarios y las aportaciones de la Comisión de Expertos y es fiel a las directrices del informe que la comisión elaboró en 2017.

La Junta de Extremadura muestra su voluntad, compartida con el Gobierno de la nación, de consensuar esta reforma, que no se puede postergar más y que necesita la altura de miras de comunidades y formaciones políticas.

Y en esta línea, Extremadura trabajará con el objetivo de que el nuevo sistema cumpla su función esencial, que es garantizar el Estado del Bienestar, según indicó la vicepresidenta.

SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

La vicepresidenta explicó que el informe incluye varios bloques, uno destinado a sanidad, otro a educación, otro a servicios sociales y otro al resto de servicios.

Dentro del bloque sanitario, la Junta de Extremadura ve favorable el paso de 7 a 20 grupos de edad en la determinación de la variable de población protegida equivalente de este bloque y considera que debe ser complementada con el reflejo que, en sus necesidades de gasto, tienen las condiciones socio-económicas de la población destinataria.

Blanco-Morales explicó que el gasto sanitario está muy condicionado por los usuarios reales del sistema, que en Extremadura es muy elevado por lo que se considera necesario introducir la intensidad de uso de este servicio público en función de la renta per cápita.

Se trata del área de gasto más importante de las comunidades autónomas, con una tendencia creciente.

En el bloque de Educación, la Junta ve favorable la consideración de población potencial en Educación hasta los 24 años, pero discrepa respecto a la denominación de los dos tramos que recoge el documento del Ministerio de Hacienda, la Educación no universitaria y la Educación universitaria (de 18 a 24 años).

Extremadura propone la Educación de 0 a 17 años y la Educación Superior acorde a los niveles  educativos a los que opta la población potencial de cada grupo, que englobaría, no solo la educación universitaria, sino también otros niveles educativos como la FP, enseñanzas artísticas y deportivas en niveles superiores, enseñanza de idiomas o la educación de adultos.

Son determinantes para la configuración de la red de centros educativos, y, en consecuencia, para el coste de la prestación de servicios, la distribución geográfica de la población en municipios y la extensión del territorio.

Otro factor que debería considerarse es la influencia que, sobre el gasto en educación, tiene el nivel de renta de la población, pues a mayores rentas mayor peso de la educación privada.

Dentro del bloque de Servicios Sociales, el informe mejora el indicador del modelo del 2009, que asocia el gasto en servicios sociales a la población de mayores de 65 años.

La Junta considera positivo el desglose en dos indicadores diferenciados, que mejora la identificación del gasto en servicios sociales, uno unido a la influencia de la dependencia en los gastos relacionados con los servicios para la población mayor de 65 años (dos tramos: de 65 a 79, y más de 80 años) y el segundo, relacionado con las políticas sociales a otros colectivos, y cuya medición se relaciona con la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En este último caso, la vicepresidenta indicó que es más adecuada la utilización del índice basado en la tasa AROPE, pues es más representativo de las necesidades de lucha contra la pobreza y exclusión social que el índice basado en parados sin cobertura de prestaciones por desempleo.

La Junta estima que el gasto en servicios sociales debe tener una valoración adecuada en el valor de la población ajustada, teniendo en cuenta que este epígrafe tiende a ser cada vez más importante en el volumen de gastos de las comunidades autónomas.

RESTO DE SERVICIOS AUTONÓMICOS

En cuanto al resto de servicios sociales, la Junta de Extremadura cree que la variable a considerar es la población total según padrón, pues es complicada una variable específica que guarde relación con la mayoría de la población.

Un bloque competencial que debe ser matizado con variables correctivas, las más importantes, según ha destacado Blanco-Morales, son las geográficas y, específicamente, las variables de superficie, despoblación y dispersión. Estas variables permitirán refuerzo el gasto que Comunidades como Extremadura precisan para prestar servicios básicos tanto en las ciudades como en los pequeños núcleos de población.