El Plan de Auditoría de 2020 realiza más de 120 controles de los que 45 están relacionados con los fondos europeos destinados a Extremadura

Para explicar el contenido de este informe, la interventora general de la Junta de Extremadura, Elisa Cortés, ha comparecido ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura.

Cortés ha destacado que la Intervención General publica este informe y sus resultados más relevantes en su web en un ejercicio de transparencia, en virtud de la Ley 8/2019 para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (LAMA), y el de 2020 es el segundo que se publica; ya se incluyeron los correspondientes a los ejercicios de 2019 y 2018.

La interventora general ha matizado que la finalidad de estos planes es proporcionar información a los gestores sobre el cumplimiento de la legalidad y su adecuación a los principios de buena gestión financiera con la finalidad de que se adopten las medidas correctoras necesarias.

Asimismo, ha resaltado que las auditorías no solo sirven para aflorar las deficiencias de la gestión, sino que son una herramienta imprescindible para que el órgano gestor conozca sus debilidades, las analice y las pueda corregir. Y, en virtud igualmente de la LAMA, posibilita una segunda instancia para la corrección de las debilidades encontradas a través del requerimiento de planes de acción a las Consejerías competentes.

Concretamente, el Plan de Auditoría de 2020 informa de 123 controles, de los que 45 corresponden a auditorías de fondos europeos, 46 a auditorías al sector público autonómico (23 de cuentas y 23 de cumplimiento) y 32 a otras auditorías (como subvenciones no financiadas por la UE o gastos de centros docentes no universitarios públicos y privados sostenidos con fondos público).

AYUDAS COMUNITARIAS

En el caso de fondos europeos, los controles son necesarios para cumplir las exigencias impuestas por la Unión Europea en relación con las ayudas comunitarias y se realizan sobre los sistemas de gestión y sobre los expedientes o proyectos individualizados. En el primer apartado, se han realizado cuatro auditorías cuyo resultado fue favorable, con recomendaciones de medidas necesarias pero de escasa relevancia.

En el segundo tipo de control, es decir de expedientes o proyectos, se llevaron a cabo 32 expedientes, de los que solo cuatro obtuvieron la calificación de desfavorables con irregularidades, las cuales ya se han solventado.

SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

El segundo ámbito recogido en el informe se refiere al sector público autonómico de la Comunidad. El control se extiende a todos los consorcios y fundaciones aunque, en este segundo ámbito, la legalidad solo impone el análisis si superan un determinado volumen de gasto, lo cual no se produce en ninguna fundación extremeña.

Dentro de este ámbito, se establecen dos tipos de controles: auditorías de cuentas y auditorías de cumplimiento o legalidad. En el primer caso, los resultados han sido favorables con salvedades (17) o favorable (6).

Las auditorías de cumplimiento comprueban la gestión de estos organismos desde una triple perspectiva: de verificación del cumplimiento de la legalidad, del grado de control interno existente y de adecuación a los principios de buena gestión financiera.

En el caso de que se detecten incidencias, las Consejerías competentes deberán elaborar un plan acción en el plazo de tres meses en el que se determinen las medidas concretas para subsanar las deficiencias detectadas que, posteriormente, debe ser evaluado por la Intervención General.

En este sentido, de las 23 entidades auditadas en el ejercicio 2020, dos obtuvieron la calificación de satisfactoria; 14, parcialmente satisfactoria y 6, no satisfactoria; y se requirió, finalmente a 18 de ellas la elaboración de un plan de acción.

Todas las consejerías requeridas han presentado su plan de acción en el plazo marcado, según ha remarcado la interventora general, quien ha explicado que los mismos se encuentran en fase de valoración por este organismo.

OTRAS AUDITORÍAS

En el último bloque del informe, cabe señalar que la Ley de Subvenciones obliga a la Intervención General a remitir al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Gobierno un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero.

En 2020, se han realizado 23 controles sobre beneficiarios de ayudas, de los cuales 10 se refieren un gasto de 3,3 millones de euros financiados por FEAGA y otros 13 controles sobre un gasto de 3,4 millones de euros financiados por FEDER. De dichos controles, se han derivado reintegros parciales para tres expedientes.