Extremadura es la primera comunidad autónoma que establece una colaboración con el Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto para la lucha contra la violencia de género

De esta manera, Extremadura acogerá el primer proyecto autonómico que desarrollará el Fondo de Becas Soledad Cazorla Prieto en el territorio, que consistirá en una acción formativa en materia de violencia de género dirigida a profesionales y que estará financiada con los fondos provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Así se ha expresado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en Mérida durante la presentación del Fondo de Becas Soledad Cazorla, promovido por Fundación Mujeres, y del curso formativo que pondrán en marcha en Extremadura enmarcado dentro del programa de acciones que se desarrollan a través de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En este contexto, ha destacado “la determinación absoluta” de la Junta de Extremadura para “establecer alianzas con todos aquellos que intervienen para que la violencia no tenga lugar”, así como “con aquellos agentes que intervienen para dar la mejor respuesta institucional frente a la expresión más cruel que es la violencia de género”.

Gil Rosiña también ha valorado la importancia de que “las niñas y jóvenes, que serán responsables en los ámbitos de poder del mañana, tengan mujeres ejemplos” como Soledad Cazorla y su lucha contra a la violencia de género, “uno de los principales problemas que tiene este país y por el que todo los poderes públicos deben sentirse interpelados”.

PACTO DE ESTADO

Respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha asegurado que “nació para ser un instrumento transformador de la sociedad” y ha recordado que regiones como Extremadura, antes de la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género en España, “ya contaba con unos servicios públicos y una red para atender a las mujeres víctimas”.

Todo ello, ha sostenido, fue posible gracias “al calor de las demandas” del movimiento de mujeres que “siempre exigieron a los poderes públicos la necesidad de dar una respuesta institucional” a las mujeres que sufrían este tipo de violencia.

De este modo, ha reconocido “el trabajo inmenso de las pioneras del movimiento feminista” llevado a cabo por organizaciones como Fundación Mujeres a nivel nacional y la Asociación de Mujeres Malvaluna en Extremadura, a la que “han seguido otras muchas asociaciones de mujeres que son ya organizaciones profesionales que están en el ámbito de lo social y que intervienen con mujeres”, ha añadido.

Además, Gil Rosiña ha resaltado que la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Extremadura se está destinando “para aquello para lo que nació, de la mano de las organizaciones de mujeres”.

Así, ha continuado que de los casi 4,7 millones de euros correspondientes a Extremadura para la lucha contra la violencia machista, aprobados por el Gobierno de España el pasado año, “aproximadamente el 50 por ciento de esos recursos están destinados para las ayudas a la recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género, para no revictimizar a esas mujeres y que puedan tener una segunda oportunidad y hacer su vida” ha aseverado.

El resto de las partidas, ha indicado, se está ejecutando, por primera vez, “de la mano de muchas organizaciones de mujeres”. “Una red subsidiaria de la Administración, imprescindible”, ha asegurado.

En este sentido, se ha mostrado optimista en cuanto a los resultados relativos a la ejecución de estos fondos que, ha afirmado, “van a ser espectaculares”.

“La Administración regional no puede llegar sola a todos los rincones y a cada una de las situaciones que se producen en una región tan rural y con una dispersión de la población como la nuestra”, ha subrayado.

Así, ha puesto la colaboración “necesaria” entre las administraciones públicas y las organizaciones de mujeres para “poder dar la mejor respuesta institucional y de manera colaborativa”.

CURSO FORMATIVO A PROFESIONALES

Este proyecto tiene como fin el desarrollo de acciones de información y sensibilización dirigidas a profesionales sobre los derechos de las familias que se hacen cargo de los hijos y las hijas de las víctimas mortales de la violencia contra las mujeres, así como también en materia de menores expuestos a la violencia de género.