La Junta recibe del Estado 20 millones de euros en 2021 para el Plan de Impulso del Sistema de Atención a la Dependencia

En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se recoge un incremento en los fondos para las medidas de atención a la dependencia contempladas en este plan de 600 millones de euros, de los cuales en el reparto por regiones a Extremadura le corresponden 20 millones.

Según Vergeles, se trata de “un plan que da repuesta a necesidades”, por lo que “tiene una importante magnitud por lo que representa para la protección social y los derechos de ciudadanía”.

José María Vergeles ha subrayado cómo por cada millón de euros que Extremadura invierte en estas políticas se generan 50,7 puestos de trabajo directos, lo que le otorga un beneficio muy destacado. Algo que se traduce en el acceso a un “derecho subjetivo”, además del desarrollo de un sector productivo importante para la región y como forma de afrontar el reto demográfico.

En este contexto, en el que la región invierte 1.097 euros por cada persona dependiente, se incluye este “plan de choque en dependencia” –el Plan de Impulso del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) en Extremadura (2021-2023)–, que fue aprobado por el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia el pasado 15 de enero y cuyos primeros fondos estatales se recibieron en abril.

Entre sus objetivos, ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, están los generales, de “Estado”, como la realización de una evaluación completa del sistema de atención a la dependencia o el aumento de las cuotas del nivel mínimo que recibe una persona dependiente. Así, con una resolución de grado 3 pasa de percibir 177,86 euros a los 235 euros, lo que supone un incremento del 23,6 por ciento.

Además, se va a modificar la acreditación de centros y servicios del sistema de atención a la dependencia, con nuevos perfiles profesionales que vienen del ámbito de la Formación Profesional y de cualificaciones profesionales. Se mejorarán también las prestaciones, con la evaluación del grado de dependencia hasta los seis años, y se regulará la figura del asistente personal, además de los servicios de teleasistencia, que pasarán a ser “un derecho subjetivo” desde 2022.

Por su parte, “reducir las listas de espera será un objetivo primordial a nivel regional”, para lo cual se apostará por la simplificación administrativa en una doble vía. Así, se apostará por la visita única del equipo de valoración y que de esa evaluación pueda salir ya una resolución que contemple tanto el reconocimiento del grado de dependencia como el plan individualizado. Todo ello permitirá acortar tiempos.

José María Vergeles ha expuesto que, con esos 20 millones recibidos en abril, se están mejorado los aplicativos del SEPAD (sistemas de información, entre ellos el catálogo de servicios), el aplicativo de tramitación telemática de solicitudes y el aplicativo de pago de las prestaciones económicos o asignación de servicios, de tal suerte “que puedan estar interoperables”.

Se han incrementado también los recursos del SEPAD, sobre todo los equipos de valoración y el personal que trabaja en la tramitación de los expedientes, así como en movilidad de los equipos de valoración, con la incorporación de 12 vehículos, y el aumento de 14 profesionales más en dichos equipos, con el objetivo de llegar a los 80.

Otro fin que se presente es que “la prestación económica no esté vinculada a un servicio determinado, sino que sea general”. Vergeles ha afirmado que se incrementarán las plazas residenciales concertadas. De ese modo, se concertarán 650 plazas más, 450 por la financiación extraordinaria del Estado, y 200 que se recuperarán de los planes de contingencia como consecuencia de la pandemia.

Las plazas de los centros de día aumentarán entre 200 y 300 en 2021 y los servicios de promoción de la autonomía, en domicilios, en 500 más. Habrá un incremento de 1.400 prestaciones de teleasistencia.

Como resultados alcanzados, entre abril y junio de 2021, se ha reducido la lista de espera de personas pendientes de reconocimiento del grado de dependencia en 715 personas.

Se han incrementado las resoluciones de grado en 1.101 personas y el reconocimiento del grado de dependencia a 896 personas. A su vez, 1.005 beneficiarios pendientes de recibir prestaciones ya las han recibido. Y el 99 por ciento de las prestaciones recibidas han sido en forma de servicios, “hacia donde queremos que evolucione el sistema de atención a la dependencia”, en palabras de Vergeles.

LA DEPENDENCIA EN EXTREMADURA

Según evaluaciones independientes del IMSERSO y de asociaciones de directores y gerentes de servicios sociales, la región mejora con respecto a 2019 en varios ámbitos de la dependencia.

Extremadura supera la media de España en el número de personas beneficiarias sobre el total de personas potencialmente en situación de dependencia, supera la media de España en el número de solicitudes sobre el total de población potencialmente dependiente y está por encima de la media española en la tasa de variación interanual de personas atendidas y también en la tasa de variación interanual de expedientes con el reconocimiento del grado 3.

Fruto de esta mejoría se desprende, ha asegurado José María Vergeles, que “Extremadura ha estado por debajo de la media en el porcentaje de personas solicitantes pendientes de resolución de grado”, que es lo que se denomina el “limbo de la dependencia”.

De la misma manera, Extremadura está por debajo de la media de las comunidades autónomas en personas con derecho reconocido pendientes de atención, “la otra parte del limbo de la dependencia”, en palabras de Vergeles.

Pese a estos avances desde 2020, “queda mucho recorrido por mejorar en el ámbito de la dependencia”, algo que ha estado condicionado por el hecho de que “hayamos estado sometidos a una financiación de la dependencia donde un 85 por ciento de ese gasto público lo asumían las comunidades autónomas y el Estado solo un 15 por ciento”.