La Junta de Extremadura destaca la voluntad de consenso como una de las virtudes principales del Plan de Recuperación

Martínez ha realizado estas declaraciones en el transcurso de su intervención en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea regional, donde ha explicado la intensa labor desarrollada por el Gobierno y la Junta de Extremadura para que este Plan cuente con el máximo apoyo social y político, y se beneficie de las aportaciones de todos los sectores y colectivos implicados.

De este modo, ha destacado que “en la definición y ejecución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia se ha desplegado un proceso consultivo muy amplio, diría más, inédito en nuestro país”. Un proceso en el que “se le ha otorgado un papel relevante a los distintos agentes implicados, no sólo en la definición de las reformas e inversiones, sino también en la fase de ejecución del propio Plan”.

En referencia a la búsqueda del consenso político, la directora general ha recordado que la Junta de Extremadura ha manifestado a las fuerzas políticas con representación parlamentaria la disposición a estudiar y, en la medida de lo posible, incorporar sus aportaciones a cuantas iniciativas encaminadas a paliar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia allí se han debatido.

A instancias de la Junta de Extremadura, ha añadido, se ha creado en la Asamblea una Comisión no permanente de estudio sobre la pandemia, en la que han comparecido altos cargos del Gobierno regional para informar, entre otras cosas, de las medidas vinculadas con el Plan de Recuperación que se han ido implementando en Extremadura para promover la recuperación social y económica de la región. Allí se sometió a la consideración de los diputados la Estrategia Extremeña de Recuperación y Resiliencia, ha señalado.

Según ha subrayado Hernández Martínez, el Plan de Recuperación es de diseño y gestión estatales, de acuerdo con la normativa europea, sin embargo, para el Gobierno de España desde el principio ha sido prioritaria la implicación de los agentes económicos y sociales y del conjunto de las administraciones públicas territoriales.
Extremadura, ha explicado, se puso a trabajar de inmediato en el diseño de los proyectos para su posible inclusión en el Plan nacional, un trabajo que se plasmó en la Estrategia Extremeña de Recuperación y Resiliencia.

A ello habría que añadir la creación en la Asamblea, a iniciativa del presidente de la Junta de Extremadura, de una Subcomisión de Fondos. Un foro, ha incidido Hernández Martínez, específicamente concebido para albergar el debate sobre el uso cabal de los recursos que llegan y van a llegar a Extremadura desde Europa por distintas vías y con diferentes propósitos.

En cuanto a la búsqueda del consenso social, ha recordado que “la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, que son los ejes de la Estrategia Extremeña de Recuperación y Resiliencia, vertebran la Agenda para la reactivación social y económica de Extremadura”.

Esta Agenda fue remitida a la Asamblea en julio de 2020 para recibir las aportaciones de los Grupos Parlamentarios y es un instrumento consensuado, ha afirmado, con agentes económicos y sociales y representantes de la sociedad civil tras la irrupción de la pandemia. Esta herramienta ha sido concebida para generar propuestas y acordar conclusiones sobre las medidas necesarias para estimular el crecimiento sostenible de la economía regional y la cohesión social.

A todo ello habría que añadir, según Hernández Martínez, “las muchas reuniones que el Gobierno regional ha mantenido con representantes de instituciones de la sociedad civil encaminadas a recabar su participación en la presentación de iniciativas y proyectos, y a informarles de las medidas vinculadas al Plan de Recuperación, según se van concretando”.

Como conclusión, la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos ha señalado que el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, “tanto en su diseño como en su ejecución se basa en un amplio proceso consultivo, cuyo máximo exponente son las consultas realizadas directamente a empresas y administraciones en las manifestaciones de interés; pero también apoyado en el diálogo abierto con los agentes económicos y sociales, expertos y representantes de distintos ámbitos sectoriales ―en los Consejos y Foros de participación―, con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, y por supuesto con los distintos partidos políticos, que serán eminentemente protagonistas, sobre todo en el ámbito de las reformas a implementar”.