La vicepresidenta primera presenta a las administraciones públicas el proyecto de decreto de carrera profesional como una herramienta de mejora de los servicios públicos

Blanco-Morales ha destacado que su aplicación constituirá una verdadera herramienta para la mejora de los servicios públicos, a través del esfuerzo personal y profesional de los empleados públicos en incrementar su preparación, sus conocimientos, su compromiso con los ciudadanos y con la administración a la que representan.

La comisión, presidida por la vicepresidenta primera, está integrada por los representantes de la Delegación del Gobierno de Extremadura, las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres, la Universidad de Extremadura (UEx), la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) y los representantes sindicales de UGT, CCOO y CSIF.

Blanco-Morales ha destacado que la aplicación del futuro decreto, que inicia ahora su tramitación, incluye por primera vez en términos de igualdad a todo el personal del ámbito de Administración General y sitúa a Extremadura como una de las comunidades autónomas más avanzadas en la regulación del sistema de carrera profesional y evaluación del desempeño.

En lo referente al procedimiento, la vicepresidenta ha explicado que se establece un sistema descentralizado a través de comisiones técnicas en cada consejería, que serán las encargadas de realizar la propuesta de reconocimiento de niveles a la Dirección General de Función Pública.

En ese sentido, y para el proceso de evaluación, se determinan tres gran áreas: formación; transferencia, innovación y difusión del conocimiento; y puestos de trabajo de especial desempeño, como vía para incentivar el trabajo en circunstancias no corrientes, en puestos de trabajo menos atractivos, o más dispersos geográficamente, o en condiciones organizativas más complejas.

La titular de Administración Pública ha resaltado la importancia de la movilidad interadministrativa y del valor que la formación aporta a las instituciones públicas para ofrecer unos servicios públicos de calidad.

El segundo pilar del decreto, y más novedoso, aborda la evaluación del desempeño, a través de la cual se pretende medir de manera objetiva la actividad profesional de los empleados públicos en todos los aspectos: rendimiento o logro de resultados y conducta profesional.

Blanco-Morales ha explicado que se establecerán, por un lado, objetivos anuales, consensuados y verificables al final de cada anualidad; y, del otro, se valorará el comportamiento y la profesionalidad en el ejercicio de las tareas encomendadas, la iniciativa, el compromiso profesional, la capacidad para solucionar conflictos, la colaboración y cooperación con los compañeros de trabajo y el mantenimiento de un clima laboral adecuado.

Por su parte, la directora general de Función Pública, Carmen Vicente, y vicepresidenta de la Comisión, se ha referido a la implantación progresiva de la carrera profesional y de la evaluación del desempeño, con planes anuales pactados con los representantes sindicales, a través de normas realistas que posibiliten su cumplimiento.

Asimismo, Vicente ha puesto en valor la evaluación del desempeño como un elemento que todas las Administraciones deben habilitar en cumplimiento de la normativa de Función Pública, y no suscrito forma exclusiva al reconocimiento de los niveles de carrera profesional.

Las organizaciones sindicales representativas de la Administración General, UGT, CCOO y CSIF, participantes en el proceso de elaboración de este decreto, han valorado el proceso de negociación, fruto del cual se han analizado y debatido todas las propuestas hasta alcanzar un texto final satisfactorio para ambas partes.

Asimismo, la Fempex y la UEx han mostrado su interés en conocer la forma en que se aplicará el proyecto de decreto para abordar su posterior traslado a sus ámbitos competenciales. Para avanzar en la coordinación interadministrativa, el Ejecutivo extremeño habilitará su participación en los foros compartidos, de cara a una aplicación más homogénea de los criterios que recogerá la norma autonómica en la Función Pública de Extremadura.

La Comisión de Coordinación Interadministrativa de la Función Pública de Extremadura es el órgano superior colegiado de coordinación de las políticas de personal de las distintas Administraciones Públicas del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Entre sus funciones, se encuentra impulsar la unificación de criterios en materia de evaluación del desempeño, promover medidas de cooperación administrativa con las entidades locales y formular propuestas de criterios comunes en el desarrollo por las Administraciones Públicas de Extremadura de los distintos sistemas de carrera profesional que faciliten la movilidad interadministrativa.