El Consejo de Gobierno aprueba un decreto ley de ayudas directas a autónomos y empresas para afrontar los efectos negativos de la COVID-19

Este decreto lo ha explicado el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien ha comparecido tras la reunión del Ejecutivo, junto con la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno extremeño, Isabel Gil Rosiña.

El objetivo de estas ayudas es la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo, de tal forma que se contribuirá a asegurar los puestos de trabajo, mantener y potenciar el tejido productivo y fomentar la competitividad.

Según ha señalado España, estas ayudas completan otras medidas ya puestas en marcha en apoyo de los sectores empresariales de la región afectados por las medidas de contención de la pandemia e incluidas en el denominado plan de choque, dotado con 60 millones de euros, y en la agenda de la reactivación pactada ente el Ejecutivo regional y los agentes sociales.

Para obtener la condición de beneficiarios, las empresas, autónomos y profesionales deberán acreditar haber sufrido en el año 2020 una disminución de más de un 30% en el volumen de operaciones en comparación con el volumen de operaciones del año 2019, o haber aplicado el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2019 o 2020. Requisitos que deben ser acreditados por la administración tributaria previa autorización del solicitante de la ayuda, o bien mediante certificado de la agencia tributaria caso de decir el solicitante presentarlos directamente. En cualquier caso, todos deben estar al corriente de pago de sus obligaciones impositivas.

Estas subvenciones tienen carácter finalista y deben destinarse a satisfacer las deudas y pagos pendientes a acreedores entre 1 de marzo 2020 y 31 de mayo de este año. Además, los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos, el mantenimiento de la actividad.

El decreto establece una serie de cuantías límites a las ayudas dependiendo de las características empresariales del solicitante, pero, en cualquier caso la cuantía de la ayuda nunca será superior a la duda acreditada. Las cuantías de las subvenciones oscilan entre los 3.000 euros, y los 200.000 existiendo entre ambas un amplio abanico de circunstancias dependiendo del modo de cotización y del número de empleados de las empresas. Se especifica igualmente unas cuantías mínimas de ayudas, 4.000 euros, y máximas, 20.000 euros, para los solicitantes que no puedan certificar haber tenido actividad en un año completo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del 1 de julio, según ha explicado el consejero quien ha destacado que se ha ampliado en esta ocasión hasta más de 200 los sectores empresariales que podrán beneficiarse de estas ayudas.

En cuanto al procedimiento de tramitación de estas ayudas, se ha optado por el régimen de concesión directa y sin convocatoria, dado que las ayudas se otorgan por la mera concurrencia en los solicitantes de los requisitos establecidos en el articulado para obtener la condición de beneficiarias, hasta que se agoten los recursos destinados a este fin.

Esta convocatoria implica alguna modificación legislativa por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19.

En este sentido, se modifican los capítulos I y II, dedicados, respectivamente, a la subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca de Avales y al establecimiento de un programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-19.

Las modificaciones introducidas obedecen a la persistencia e intensidad de los efectos de la crisis sanitaria causada por la COVID-19, por lo que las necesidades económicas de las empresas a las que van destinadas estas ayudas (formalización de operaciones de avales, así como de microcréditos dirigidos a financiar gastos de circulante) se han visto extendidas en el tiempo, hasta el 31 de diciembre de este año.

También contiene la modificación de la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, con el fin de incorporar a los plenos de las cámaras, como grupo C, a representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica de Extremadura, a propuesta de las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas.

PLAN CORRESPONSABLES

Se han incluido en este decreto ley otras medidas para afrontar los efectos negativos del covid-19, entre las que figuran las ayudas destinadas a financiar actividades de ocio y tiempo libre, enmarcadas en el Plan Corresponsables.

Por otra parte, mediante este decreto ley se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la realización de actividades de ocio y tiempo libre y de educación no formal, en periodos no lectivos, dirigidas a niñas y niños de 2 a 5 años, en centros de titularidad pública, por parte de los municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de 20.000 habitantes.

Se trata de una medida de fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el mundo rural, para responder al impacto del COVID-19, en el marco del desarrollo del “Plan Corresponsables: Proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura”.

En estas ludotecas que estarán en funcionamiento en periodos no lectivos, se pretende atender a 18.239 niños y generar 2.311 puestos de trabajo “temporales, pero de calidad”, según ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gl Rosiña. Las ludotecas contarán con una monitora por cada 10 niños, una directora con titulación superior en FO o graduada y camareras y limpiadoras. Se contará en la mayor parte de los casos a mujeres, dada la alta tasa de desempleo femenino en la Comunidad Autónoma y porque se trata de un sector muy feminizado y precario, por lo que se trata de que esta actividad deje de estar en la economía sumergida, ha señalado la portavoz.

Todas las ludotecas tendrán un programa común, con carácter inclusivo.La Secretaría General de la Consejería de Igualdad y Portavocía será la encargada de la selección de los participantes en las actividades subvencionadas, en el tiempo y forma señalados en la correspondiente resolución de convocatoria, que contará con una dotación de 8.573.063,30 euros procedentes de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Se han establecido dos tipos de ayudas: las destinadas a actividades formativas y las de ocio y recreativas, organizadas en centros públicos y con carácter gratuito.

Cada municipio solo podrá presentar un proyecto de actividades, que podrán desarrollarse tanto en espacios interiores de titularidad pública como en espacios abiertos. Los proyectos incluirán la contratación del personal necesario.

Serán subvencionados el coste derivado de las contrataciones de recursos humanos y el pago de la adquisición del material fungible necesario.

La consejera de Igualdad ha declarado que espera que el estado contemple en los presupuestos de los próximo años partidas para desarrollar estos programas de conciliación y en concreto ha dicho en relación con la red de ludotecas que “tengo esperanzas de que este programa funcione “.