La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda solicita la suspensión de desahucios en viviendas públicas hasta el fin del estado de alarma

Así lo ha manifestado este jueves la consejera en el pleno de la Asamblea tras una pregunta parlamentaria. Leire Iglesias ha valorado también la importancia de “garantizar el derecho de acceso a la vivienda que ha sido y es la prioridad de la Junta de Extremadura, así como la permanencia de la ciudadanía en las mismas”.

La responsable en materia de Vivienda ha destacado las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria como la supresión del pago de las rentas en las viviendas públicas, las prórrogas de los contratos, la minoración de las rentas, la convocatoria ayudas para el pago del alquiler por dificultades derivadas de la pandemia que alcanzan en este momento 1.400 familias en la región y “otras ayudas que me ofrezco a traer a esta cámara para atender situaciones de emergencia o especial vulnerabilidad”.

En este sentido, con el objetivo de mejorar la vivienda pública ha señalado que “la Consejería está abierta a modificar el cómputo de superficie máxima para que no penalicen los espacios exteriores a lo que se añade completar la promoción de 75 nuevas viviendas”.

Además, ha resaltado la partida de 36.4 millones que recogen los presupuestos de la comunidad autónoma para priorizar la inversión en el parque edificado existente, mejorar la calidad, la eficiencia, la lucha contra la pobreza climática, la accesibilidad y la regeneración urbana.

Asimismo, Iglesias ha invitado a los grupos parlamentarios a ofrecer propuestas para la elaboración del próximo plan regional de vivienda. “Es indudable que la emergencia sanitaria ha dejado en evidencia multitud de reflexiones sobre la importancia de unas viviendas dignas y de calidad y que caben espacios para repensar la vivienda y establecer mejoras en lo que se refiere a la vivienda protegida, por lo que una vez más les invitamos a hacerlo en el próximo plan de vivienda sobre el que recientemente hemos empezado a trabajar”.

Por último, la consejera ha recordado que “los criterios que afectan a la construcción de vivienda pública son los mismos que a las de otra tipología, en cuanto a cumplimiento del código técnico de la edificación o el decreto de habitabilidad, y que estos se aplican con rigor y con mejoras especialmente en la promoción pública”.