Extremadura insta a contar con un marco financiero definido para la implantación del teletrabajo y a abordar la transformación digital de forma conjunta

Así lo ha manifestado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en la Conferencia Sectorial de Función Pública, en la que se ha abordado la modificación del Estatuto Básico del Empelado Público para incluir la regulación del teletrabajo.

Blanco-Morales ha explicado que Extremadura ya tiene legislación propia en este ámbito y la propuesta del Ministerio coincide en lo esencial con la normativa en vigor en la región, pero ha incidido en la imperiosa necesidad, que ha sacado a la luz la pandemia, de garantizar la atención presencial o la accesibilidad en la administración.

Asimismo, y tras agradecer la labor del grupo de trabajo conjunto que ha elaborado la propuesta, la vicepresidenta ha mantenido la necesidad de contar en este proceso con las administraciones locales.

Blanco-Morales ha destacado que Extremadura va a realizar un esfuerzo en la negociación colectiva y trabaja en la publicación anticipada de una convocatoria de teletrabajo, la tercera en la comunidad, más ágil y amplia, tal y como lo ha requerido la actual situación de crisis.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La titular de Administración Pública ha planteado la posibilidad de crear un grupo de trabajo sobre el Plan de Transformación Digital de las Administraciones Públicas, en el que compartir proyectos, necesidades e ideas para avanzar de forma conjunta; propuesta que ha sido compartida por el Ministerio.

En este ámbito, Extremadura ya tiene muy avanzado su proyecto, incluida la negociación con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios; un proceso, ha remarcado Blanco-Morales, en el que hay que implicar a otros colectivos o mediadores. Y en el que hay que abordar, en paralelo, la conectividad digital de todo el territorio.

Por último, ha mantenido que la transformación digital de la Administración tiene que abordarse dentro de un proyecto único, que incluya el dato único, a seguridad y la privacidad, para trasladar a la Administración al mundo electrónico desde el del papel, como ya recoge la legislación de 2015.