El Consejo de Gobierno aprueba un decreto ley que agiliza los trámites urbanísticos para la implantación de actividades económicas

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García, responsable del área de urbanismo y ordenación del territorio del gobierno regional.

La consejera ha destacado que con este decreto ley se pretende anticipar la aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenibles para Extremadura (LOTUS), aprobada en 2018, que tenía como objetivo dinamizar el tejido empresarial a la vez que conservaba y protegía los recursos de la región.

Sin embargo, ha indicado García Bernal, la situación actual hace inviable para los municipios de la región adaptarse a la LOTUS, tanto en el aspecto  económico como en el de los plazos establecidos.

Por ello, lo que ahora se pretende con este decreto ley es “anticipar” la aplicación directa de muchos de los preceptos incluidos en la LOTUS, dotándolos de la consiguiente seguridad jurídica y de unas reglas claras que permitan su adecuada puesta en práctica e interpretación, ha subrayado la consejera.

Al mismo tiempo, se persigue reducir la burocracia y agilizar los trámites para la implantación de actividades económicas.

Como novedades más relevantes, ha explicado García Bernal, se produce una descentralización de trámites en municipios de más de 5.000 habitantes o que pertenezcan a mancomunidades que tengan oficina de gestión urbanística, dotándolos de unas reglas que les den seguridad jurídica para poder calificar actividades en el medio rural.

 A partir de ahora, ha añadido, serán los ayuntamientos y mancomunidades los que concedan los permisos, lo que reducirá considerablemente los plazos.

Al mismo tiempo, se establece un marco jurídico para las actividades que, por novedosas, no se encontraban recogidas en los planes generales municipales y que son compatibles con el desarrollo sostenible pero obligaban a adaptaciones de planeamiento largas y costosas. De esta manera, se reducen considerablemente esos plazos.

Concretamente, ha indicado, “aquello que no esté expresamente prohibido en los planes generales municipales, será autorizable”.

Por otro lado, se instituye que la licencia de primera ocupación para vivienda tendrá silencio positivo, y se establece un régimen transitorio flexible para la adaptación a la LOTUS de los municipios de más de 10.000 habitantes.

Además, se establecen medidas que faciliten, aceleren y flexibilicen  por parte de los ayuntamientos la regularización de asentamientos en suelo rústico.

ACTIVIDADES Y USOS COMPATIBLES

En resumen, ha manifestado García Bernal, actividades como casas rurales, industria agroalimentaria, actividades culturales, educativas de investigación, producción de energías renovables de hasta 5 Mw, residenciales autónomos, se consideran usos que son compatibles y pueden ser permitidos en el medio rural y sirven para fijar población al territorio.

La consejera ha subrayado la importancia del sector agroalimentario, del turismo y de las energías renovables como “tridente” que debe impulsar la economía de Extremadura, y son esos sectores, ha dicho, los que más se verán beneficiados por la puesta en marcha de estas medidas.

Asimismo, ha destacado el papel que tienen la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la fijación de la población al territorio como ejes principales del gobierno regional.

“Vamos a facilitar y acortar al máximo los plazos”, ha asegurado, para que cuando decaiga el estado de alarma puedan comenzar obras y proyectos durante el verano y a lo largo de este año 2020.

La consejera ha reiterado que, una vez concluidos el estado de alarma y la fase de desescalada, y ya en la situación de “nueva normalidad”, al igual que  mucha gente ha estado trabajando en el cuidado de la salud de las personas, será necesario trabajar también por la salud de la economía.

AGENDA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Por otra parte, en la sesión del Ejecutivo se ha abordado la puesta en marcha de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura tras la crisis del Covid-19, que implicará la participación de administraciones públicas, sociedad civil, partidos políticos, agentes sociales y económicos y Universidad de Extremadura, según ha explicado García Bernal.

La consejera ha destacado la relevancia de la crisis global que ha provocado la pandemia del Covid-19, que puede ser “la mayor de nuestra época”, y ha insistido en que la orientación que se dé ahora a las políticas sociales y económicas “van a marcar el futuro de nuestro tiempo”.

Begoña García ha explicado que la agenda contempla tres ámbitos de diálogo, el primero de ellos con la sociedad civil, el segundo con patronal y sindicatos en el marco de la concertación social, y el tercero con los grupos parlamentarios en el seno de una comisión no permanente en la Asamblea de Extremadura.

En primer lugar se plantea la necesidad de “escuchar a la sociedad civil”, en lo que sería el punto de partida cara a la concertación con los agentes sociales y económicos. De esta negociación saldrá un acuerdo que se enviará a la Asamblea de Extremadura para que se pueda abrir un trámite de debate, con enmiendas, propuestas y votación final.

Todo ello, ha indicado, mediante “el diálogo y la transparencia” que caracterizan la forma de actuar del gobierno que preside Guillermo Fernández Vara.