Extremadura aprueba una Ley de Sociedades Cooperativas moderna y rompedora

También ha señalado el carácter modernizador de la legislación autonómica que tiene su antecedente más cercano veinte años atrás, con la Ley 2/1998, que ya fue avanzada para su época, para adaptarla a las exigencias del siglo XXI.

El tejido cooperativo ha venido contribuyendo de manera destacada al progreso económico de Extremadura y a su cohesión social y territorial. En la actualidad, contribuye en el PIB de la región con dos mil millones de euros de facturación, más de cinco mil empleos, y 50.000 socios en el caso de las cooperativas agroalimentarias.

Hasta la aprobación de la nueva norma han sido importantes las aportaciones de las uniones de cooperativas con las que el acuerdo ha sido “casi pleno” y en el caso de la Cámara extremeña se han sumado todas las opiniones y todas las sensibilidades, por lo que ha sido un proyecto normativo aglutinador e innovador, cuya permanencia debe ir “más allá de los inevitables cambios políticos”.

Muchas de las novedades introducidas en la nueva Ley son fruto de la demanda realizada por el propio sector cooperativo, a través de sus entidades representativas, por lo que satisfacen sus necesidades actuales encaminadas fundamentalmente a la potenciación de los elementos mutualistas y participativos; la tendencia a la profesionalización del órgano de administración; el fomento del cooperativismo; la flexibilización de los procedimientos y agilización de los trámites, tanto a nivel interno de la cooperativa como en su relación con la Administración así como en torno a la cooperativa adaptada a los nuevos tiempos (nuevas clases de socios, nuevas formas de administrarse, nuevas clases de cooperativas, aparece el grupo cooperativo y se potencia el voto plural).

Con esta Ley se introduce la presencia de la mujer en el Consejo Rector proporcional al número de socias de la cooperativa; esto es, de 10 mujeres socias, una estará en el consejo rector. Se crea el Comité de Igualdad en aquellas cooperativas con más de 50 socios o en las que sin llegar a este número, así se acuerde por su asamblea general, deberá existir un dicho comité, con el objetivo de establecer acciones a favor de la igualdad en la sociedad cooperativa.

Entre las funciones del comité de igualdad, está la de impulsar la participación e integración de las socias en todos los órganos sociales; proponer el establecimiento de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal  así como definir un protocolo de actuación para casos de acoso, entre otras acciones.

En el eje de la norma se sitúa al cooperativista, que tendrá a partir de ahora un mayor poder de participación en la gestión de la sociedad cooperativa que el que tiene, por ejemplo, el accionista en la gestión de la sociedad anónima. Tiene un doble interés y debe tener un mayor poder de decisión en la gestión social.

Entre otras novedades, la directora general de Economía Social, Carmen Moreno, ha destacado el establecimiento del voto plural para todas las sociedades cooperativas, salvo que los estatutos prevean el voto unitario. Por el contrario, en las de trabajo asociado se establece el voto unitario, salvo que los estatutos prevean el plural. Se admiten como modalidades del órgano de administración al administrador único o a varios administradores que actuarán solidaria o mancomunadamente.

Asimismo, se regula que las secciones de la sociedad cooperativa puedan tener patrimonio separado y contabilidad independiente con lo que se puede determinar y distribuir un resultado diferenciado en cada una de las secciones; se admiten a las comunidades de bienes y las herencias yacentes como socios cooperativistas y se regula el procedimiento para la adquisición de la condición de socio.

Las distintas clases de socios quedan especificadas y la figura del socio honorífico se sustituye por la del socio inactivo, introduciéndose también la figura del socio colaborador.

Según ha manifestado la directora, la nueva norma regulará un modelo cooperativo competitivo, rentable, profesionalizado, integrado y cooperador, generador de más valor añadido y con unas estructuras organizativas más eficientes frente a unos mercados globales muy exigentes.

“Creemos que con ello, la Junta de Extremadura da el protagonismo que merece el sector cooperativo, que para la región cumple una función importante en la generación de empleo y autoempleo, en mantener la población en núcleos rurales y que ha sorteado bien los efectos de la crisis económica” ha destacado Moreno.

En Extremadura hay inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas y activas 2.174 cooperativas, de las que 685 pertenecen al sector agrario, 1.128 al trabajo asociado y en menor medida, cooperativas de consumidores y usuarios, de la enseñanza, de la vivienda, transporte o servicios, entre otros.