Blanco-Morales insta a las entidades financieras y al Banco de España a un mayor compromiso que repare el problema de la exclusión financiera

La titular de Hacienda ha destacado, ante la Cámara autonómica, que la preocupación de la Junta de Extremadura se centra en el mantenimiento de los servicios financieros en pequeños municipios y en barrios desfavorecidos y en la sostenibilidad del empleo bancario.

Blanco-Morales ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha actuado como interlocutor constante con todos los actores implicados, con quienes ha abierto líneas de diálogo en busca de posibles vías para subsanar esta cuestión.

En este sentido, la vicepresidenta ha insistido en que la preocupación de la Junta de Extremadura contra la exclusión financiera es “realista” y “seria”. Y por ello, desde julio de 2015, se establecen contactos con todos los actores públicos y privados implicados. Desde el Banco de España hasta las propias entidades financieras, pasando por las diputaciones y ayuntamientos de los municipios afectados; sin olvidar a las fundaciones.

Sin embargo, Blanco-Morales ha explicado que para ser eficaces, las medidas con las que se podría hacer frente al problema de la exclusión financiera precisan de un proceso de maduración. Maduración, ha detallado, que desde la Junta de Extremadura se puede alentar pero no forzar, puesto que los protagonistas son las entidades financieras que responden a las exigencias del regulador.

En cualquier caso, la titular de Hacienda ha explicado que el Gobierno autonómico tiene un propósito con un doble objetivo. Por un lado, que ningún municipio pierda los servicios financieros básicos que ya tiene y, por otro, ampliar estos servicios a zonas donde actualmente no existen.

Por último, la vicepresidenta de la Junta ha recordado que la exclusión financiera es consecuencia de la reestructuración bancaria, fruto del memorándum para el rescate del Sistema Bancario Español, firmado por el Gobierno central en 2012; la reforma laboral aprobada ese mismo año y la desactivación del impuesto sobre depósitos de entidades financieras, que privó a Extremadura de una herramienta, consistente en privilegiar fiscalmente a las entidades con una mayor presencia en la región y beneficiar a las que abriesen sucursales en municipios pequeños.