La Junta de Extremadura tramitará el proyecto de la mina Valdeflórez para cumplir la ley

Ha señalado que la Junta de Extremadura “está obligada a cumplir  la ley nacional de evaluación de impacto ambiental y la ley extremeña de protección ambiental”, que incorporan al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre esta materia.

El consejero, que ha comparecido hoy en la Asamblea de Extremadura a petición propia para exponer el procedimiento administrativo que se sigue en este proyecto, ha explicado el doble desempeño de la Junta para atraer inversiones a la región, por una parte, y exigir que los proyectos cumplan la normativa, por otra.

Ha mostrado su preocupación por la inquietud que le transmiten los empresarios a causa a la politización que se está haciendo de un proyecto privado, ya que lo que necesitan los inversores, señala el consejero, es “seguridad jurídica, cumplimiento de la ley y coherencia”.

En su opinión, “la posición del PP es muy dañina para nuestra tarea de animar a invertir en Extremadura”.

El consejero ha cuestionado hoy en la Cámara la propuesta del presidente popular, José Antonio Monago, y de la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, de que la Junta “dé el carpetazo al proyecto de la mina Valdeflorez” y se ha preguntado si lo que piden es que se “incumpla la ley”.

En cuanto al proceso administrativo en que se encuentra el expediente, Navarro ha expresado que la legislación sobre minas es la que establece “con precisión” el momento procesal en que se debe dar publicidad a la documentación y el traslado a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas que tienen “todo el derecho a ser informadas y a exigir transparencia en la tramitación pública”.

Ha confirmado que el pasado 8 de enero, la empresa Tecnología Extremeña del litio presentó la documentación referente a su solicitud de concesión de explotación “Valdeflórez”, incluyendo el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el Plan de restauración. Y paralelamente la empresa ha solicitado la Autorización Ambiental Unificada correspondiente en la Dirección General de Medio Ambiente.

En estos momentos los técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas están analizando si la documentación cumple los requisitos legales y si el proyecto es adecuado al aprovechamiento racional del recurso definido por la investigación.

En el caso de que resultara correcta, se abriría un periodo de información pública no inferior a 30 días hábiles, para que todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas o vinculadas con el medio ambiente, puedan expresar su opinión.

Según ha informado, se trata de un paso previo a la Declaración de Impacto Ambiental que deberá resolver la Dirección General de Medio Ambiente, así como la Autorización Ambiental Unificada (AUU) que está condicionada por la viabilidad urbanística, cuya  competencia corresponde al Ayuntamiento de Cáceres, que deberá resolver la solicitud de modificación puntual de Plan General presentada por la empresa.

TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY

El consejero también ha precisado que el ayuntamiento tiene “exactamente la misma documentación que la Junta”, ya que la documentación íntegra fue remitida al consistorio. .

Navarro ha afirmado que se continuará con la tramitación administrativa para respetar ‘escrupulosamente’ la ley, facilitando todo lo posible que se conozca el proyecto para que ‘todos puedan opinar’.

Ha señalado que cualquier proyecto privado, grande o pequeño, tiene el derecho a ser evaluado ambientalmente, “con independencia del empleo que genere”.

Con más motivo si “supone una inversión superior a trescientos millones de euros, crea cientos de puestos de trabajo, realiza in situ la transformación industrial de nuestros recursos naturales y puede atraer otras inversiones industriales”.

En lo que de la Junta depende, según ha expresado, una vez cumplidos todos los trámites del proyecto, habrá declaración de impacto ambiental. “Ignoro por completo si será desfavorable o favorable. Y si fuera favorable, no sé qué medidas preventivas, correctoras o compensatorias exigirán los técnicos. Pero queremos que haya declaración. No es una opción, es nuestra obligación”, ha afirmado categóricamente.