El consejero de Economía e Infraestructuras denuncia trabas de la Administración Central al despliegue de redes de banda ancha en la región

Navarro ha explicado en rueda de prensa el profundo desacuerdo que hay entre los datos que manejan el Ministerio y la Junta de Extremadura en lo que se refiere a las “zonas blancas”, es decir, aquellas en las que no hay redes de alta velocidad (al menos 30 megas) o de muy alta velocidad (al menos 100 megas).

En este sentido, el consejero ha explicado que, según los datos del Ministerio, en Extremadura (con 1.087.000 habitantes) hay 714.652 personas con acceso a estos servicios de telecomunicaciones y 373.126 que no lo tienen, datos que para la Consejería de Economía e Infraestructuras son “inciertos, erróneos y que deforman la realidad”, ya que según sus propias cifras, el número de personas que no tienen acceso a esas redes en Extremadura es mucho más elevado.

Para justificar esa afirmación, José Luis Navarro ha ofrecido datos de un estudio realizado por la Consejería en toda Extremadura y del que ha detallado, como ejemplo, el caso de la ciudad de Mérida.

Los técnicos de la Consejería, ha explicado, dividieron la ciudad de Mérida en 93 zonas, de las cuales solo 22 demostraron tener acceso a esos servicios y las otras 71 tuvieron un resultado negativo. Por el contrario, el mapa que maneja el Ministerio establece para la ciudad de Mérida un rango de entre el 90 y el 100 por cien de la población con acceso a esas redes.

Así, como consecuencia de este estudio, ha añadido Navarro, se han enviado a la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital un total de 600 alegaciones que no han sido atendidas.

FONDOS FEDER

El segundo aspecto del bloqueo que ha denunciado el consejero de Economía está relacionado con la gestión de los fondos FEDER del programa operativo 2014-20 para incentivar el despliegue, por operadores privados, de este tipo de redes de telecomunicaciones, principalmente fibra óptica.

En este sentido, el consejero ha afirmado que la Junta de Extremadura dispone de 22,5 millones de euros para todo el sexenio, de los que hasta ahora no ha podido invertir ninguna cantidad por las trabas del Ministerio.

El motivo es que, según la normativa actual sobre esta materia, cualquier línea de subvenciones que la Comunidad Autónoma quiera establecer debe contar con el visto bueno del Ministerio, que tiene su propia línea de ayudas y que hasta la fecha ha informado negativamente todas las propuestas presentadas por la Junta de Extremadura.

La última propuesta de la Junta, según explicó Navarro, ha consistido en solicitar al Ministerio la coordinación de las ayudas de ambos departamentos en función del número de habitantes de las llamadas “entidades singulares de población”, es decir, un concepto que se refiere a grupos de población y que estaría por debajo del concepto de municipio.

La propuesta de la Consejería suponía que la Junta de Extremadura se haría cargo de las ESP de menos de 3.000 habitantes (con ayudas de hasta el 80 por ciento) y el Ministerio lo haría con las ESP por encima de ese número de habitantes (con ayudas de hasta el 60 por ciento).

Esa propuesta fue presentada esta semana por el consejero al secretario de Estado para la Sociedad de la Información y para la Agenda Digital en una reunión que tuvo lugar en Madrid, pero, aclaró José Luis Navarro, la respuesta de los representantes ministeriales fue bajar el umbral que correspondería a la Junta de Extremadura hasta los 150 habitantes.

Para el consejero, ese tope es inaceptable, ya que solo se podría dar servicio a 9.000 extremeños, y ha recordado que el objetivo de la Agenda Digital Europea es que en el horizonte de 2020 todos los ciudadanos de la UE puedan estar conectados a estas redes.

El consejero ha mostrado, además, su disconformidad con el hecho de que, desde el Ministerio, no se dé ninguna explicación a este modo de actuar.

Según Navarro, los responsables del Ministerio llegaron incluso a invitar a la Junta de Extremadura a reprogramar los fondos europeos y destinar esos 22,5 millones de euros a otros objetivos, algo a lo que el consejero se negó rotundamente.

José Luis Navarro anunció que ya ha solicitado una comparecencia en la Asamblea de Extremadura para trasladar a todos los grupos parlamentarios esta cuestión, además de su intención de recabar también el apoyo de los agentes sociales para poder ir “todos juntos, con una voz única desde Extremadura” y reclamar al Ministerio  la elaboración de un mapa de “zonas blancas” que responda a la realidad.

Además, se solicitará al Ministerio que, “sea cual sea el mapa”, se permita a la Junta de Extremadura establecer su línea de ayudas, ya que “no supone un perjuicio para nadie, sino beneficio para todos”.