La Junta de Extremadura apuesta por una reforma financiera fundada en los principios de progresividad, equidad y solidaridad

Así lo ha manifestado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, acompañada de la experta designada por la Comunidad Autónoma, Elena Manzano, en rueda de prensa, este lunes 31 de julio, para informar el voto particular emitido por Extremadura.

En líneas generales, el voto particular presentado por Extremadura está fundamentado en la necesidad de llevar a efecto un estudio en profundidad que mida las necesidades en la prestación de servicios públicos fundamentales y no fundamentales, al tiempo que garantice la nivelación plena.

Además, el documento recoge otras dos variables sustanciales, como son la no eliminación de la cláusula sobre el statu quo, y a no tener en cuenta el principio de ordinalidad como el que rija la financiación autonómica.

En relación con el statu quo, Manzano ha insistido que con el nuevo modelo, ninguna comunidad autónoma debería recibir menos ingresos que con el anterior modelo.

En este sentido, ha explicado que no existen evidencias empíricas concluyentes de que las variables elegidas y utilizadas para el cálculo de costes se aproximen a los reales de las comunidades en la provisión de servicios públicos fundamentales, por lo que no reflejan adecuadamente las necesidades propias de cada región.

En cuanto al principio de ordinalidad, mecanismo que garantiza que una región mantenga su posición en el ranking de riqueza una vez se haya producido la redistribución territorial de los recursos, la Junta de Extremadura ha mostrado su rechazo, al no tener encuadre de constitucionalidad y vulnerar el principio de solidaridad.

Finalmente, el grupo de expertos extremeño ha entregado una alternativa perfeccionada sobre el documento propuesto, que impida la territorialización y la discriminación de los servicios autonómicos, al tiempo que garantice la mejora del Estado de Bienestar sin quebrantar el principio de igualdad.