La Guardia Civil detiene a tres personas e investiga a otras dos por el envenenamiento de aves en peligro de extinción

La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas e investigado a otras dos, como supuestas autoras de un delito de contra la fauna, por el envenenamiento de tres águilas imperiales ibéricas y dos milanos reales, ambas especies en peligro de extinción, mediante la utilización de compuestos muy tóxicos.

LOS HECHOS

La primera de las actuaciones realizada por el SEPRONA de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres, es tras el hallazgo en una finca situada en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), en el entorno de la Sierra de San Pedro, dentro del término municipal de Cáceres, de un cadáver de un ejemplar adulto de águila imperial ibérica, siendo localizados igualmente tras inspección realizada en la zona por la agentes de la Guardia Civil, un nido con cadáveres de dos crías de la misma especie.

Ante las sospechas de un posible envenenamiento, la Guardia Civil activó el “Programa antídoto de lucha contra el uso ilegal de venenos”, trasladando los cadáveres de las aves, así como otros restos, al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sierra de Fuentes (Cáceres), donde tras varios exámenes de la especies, detectaron la presencia de un potente compuesto tóxico en los tres ejemplares de águila imperial ibérica, habiéndose utilizado una paloma doméstica como cebo envenenado. A partir de estos momentos, el objetivo de la Guardia Civil es la localización del autor/es de los hechos, siendo apoyados por perros de la Guardia Civil especializados en la detección de cebos envenenados.

Posteriormente, se consigue localizar en las proximidades una explotación ganadera, siendo hallados en una de sus infraestructuras 80 artes prohibidas de caza (cepos de grandes proporciones, trampas, etc.), así como dos envases conteniendo un granulado que por sus características, podría tratarse del compuesto detectado en los análisis toxicológicos, dando resultado positivo, correspondiendo con el muy tóxico pesticida que provocó la muerte de las tres águilas imperiales.

Finalizada la investigación, la Guardia Civil procedió el pasado día 03 de mayo, a la intervención de las artes de caza prohibidas localizadas, así como a la detención del representante legal de la explotación, un guarda y un empleado de la finca, como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna. 

Asimismo y durante la tarde del mismo día 03 de mayo, agentes de la Guardia Civil del Servicio de la Protección de la Naturaleza de Trujillo (Cáceres), darían por esclarecido otro caso grave de envenenamiento de especies protegidas, concretamente dos milanos reales, cuyos cadáveres aparecieron en una explotación situada en citado término municipal, llevándose a cabo la investigación sobre dos personas, empleados de la finca, como supuestos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la funa. 

Al igual que en el caso anterior, y tras una inspección realizada por la Guardia Civil en las instalaciones de la finca, fueron localizadas artes de caza prohibidas (cepos), así como un envase conteniendo un granulado que tras su análisis, se pudo comprobar que se trataba de un insecticida de alta toxicidad, prohibido en España desde el año 2003, y que fue el utilizado para el envenenamiento de los dos milanos reales.

Las motivaciones del envenenamiento de las aves, pudiera guardar estrecha relación con intereses de índole ganaderos, teniendo en cuenta la actividad principal de las dos fincas o explotaciones donde fueron hallados los venenos.

Según información facilitada por los responsables del Servicio de Convservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, el coste de reposición o valor económico de los tres ejemplares de águila imperial ibérica, podría ascender a los 195.000 €, agravado por haberse cometido en un espacio natural protegido; en cuanto a los dos milanos reales, igualmente en peligro de extinción, su valor asciende a los 24.000€.

Todas las actuaciones practicadas por la Guardia Civil fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción competente y en la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.