El titular de Economía e Infraestructuras achaca al Gobierno de España la responsabilidad política del retraso de la DIA de Aguablanca

El consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro,  ha reiterado esta mañana su indignación por el retraso de más de dos años que se está produciendo en la Declaración de Impacto Ambiental de la mina Aguablanca, lo que resulta ‘incomprensible’ y que  de ninguna manera se puede aceptar como algo ‘normal y una mera cuestión técnica’, tal y como señalaron diversas fuentes del Partido Popular en Extremadura.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero ha comparecido ante los medios de comunicación para manifestar la postura de la Junta de Extremadura en torno a la situación de Aguablanca, en defensa de los intereses de los puestos de trabajo, de los mineros que ya lo perdieron, y de la actividad económica en la comarca minera.

En este sentido, ha considerado ‘intolerable’ la manipulación y los ‘intentos burdos’ de falsear una realidad, como es el retraso de más de dos años que está sufriendo una empresa para obtener una autorización que le permita desarrollar su actividad en la región.

La Ley de Evaluación de impacto Ambiental fija un plazo de cuatro meses para emitir la Declaración de Impacto Ambiental, mas una posible prórroga de dos meses, por lo que “el Ministerio de Agricultura, con competencias en Medio Ambiente, está haciendo una aplicación fraudulenta de estos plazos, esperando que se cumplan al límite los cuatro meses para hacer un nuevo requerimiento, momento en que se interrumpe el plazo y se vuelve a poner el contador otra vez a cero”.

Para el consejero de Economía se trata de una situación de ‘absoluta anormalidad’ y, aunque esté previsto en la ley, los plazos hay que utilizarlos con lealtad y rigor,  “no con fraude de ley”.

El consejero ha recordado que en 2014 Río Narcea, la anterior propietaria de la explotación de la mina, solicitó autorización para continuar la explotación bajo suelo, y en julio de 2015 presentó en el Ministerio el estudio de impacto ambiental. Tras más de veinte meses, “estamos casi como al principio; es lo más descorazonador de todo”, lamenta.

“¿Por qué un año después siguen sacando cosas de la manga?, ¿De verdad creen que una empresa puede esperar más de dos años para una evaluación?, ¿Esta es la agilidad de la que presume el ejecutivo de Rajoy y de lo que presumía el gobierno de Monago?”, se cuestiona.

NO HAY JUSTIFICACIÓN PARA LA DEMORA DE LA DIA

Navarro ha señalado que no encuentra ninguna explicación posible que pudiera justificar la demora para que la mina obtenga la DIA, salvo que el ministerio “haya decidido aburrir a la empresa, quiera agotarla, pidiendo documentación hasta que llegue el momento que diga ya no contesto más. Entonces la responsabilidad dirán que es de la empresa que no quiere seguir adelante”.

Asimismo, se ha expresado con severidad sobre las declaraciones del Partido Popular de Extremadura, considerando escandalosa su actitud al defender lo indefendible, “quieren hacernos ver que parezca normal que una empresa lleve más dos años esperando una autorización. Y no lo es de ninguna de las maneras”.

Y  ha mostrado  su sorpresa por las declaraciones de la Delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera,  al afirmar que las críticas contra el retraso de la DIA ‘generaban alarma social’.

“Es convertir al agredido en agresor, porque quien genera alarma social es quien está ocasionando este retraso injustificado”, ha señalado  Navarro tras afirmar que, en su opinión, no es un debate entre partidos sino un debate económico, social sobre los puestos de trabajo, y sobre actividad económica.

Por otra parte, señala que este problema no se puede reducir a una cuestión técnica. Por supuesto, “máximo respeto al trabajo de los funcionarios, pero los responsables políticos debemos exigir la mayor agilidad administrativa posible, como nos demandan los empresarios”.

También ha comentado las declaraciones del portavoz del Partido Popular, en las que aconsejaba al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, personarse en mayores ocasiones ante los ministros y pedirles más agilidad en este asunto.  A lo que el consejero ha respondido que resulta incoherente, además de ridículo, condicionar una autorización rutinaria a una gestión del Presidente.  Además, “desde las últimas elecciones ningún otro presidente autonómico se ha entrevistado tantas veces con tantos ministros del gobierno de España como Fernández Vara”.

Para finalizar su comparecencia, el consejero de Economía e Infraestructuras ha indicado que lo que se necesita es voluntad política de no perjudicar a Extremadura, “se trata de defender los intereses de los extremeños y de Extremadura, exigir que se cumpla la ley, pero de verdad, sin interpretaciones torcidas y fraudulentas, y quien tiene la responsabilidad que la asuma, dé la cara y explique por qué actúa así”.

Si alguien opina que los políticos no deben actuar, “nosotros creemos que debemos actuar sobre la realidad e intentar mejorarla”.