Blanco-Morales asegura que la Junta podrá en marcha las medidas necesarias para acatar las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, como responsable de la gestión económico financiera de la Junta de Extremadura, ha comparecido, a petición propia, en Comisión, este viernes 10 de marzo, para explicar el informe definitivo de fiscalización correspondiente al ejercicio 2014 remitido por el Tribunal de Cuentas a la Administración regional y a la Asamblea de Extremadura.

Blanco-Morales ha afirmado que reanuda así una “saludable práctica democrática” al dar cuenta y analizar el contenido del Informe, por lo que ha adelantado que la Junta de Extremadura ya trabaja para poner en marcha todas las medidas necesarias para acatar las conclusiones que se indican en el informe del Tribunal de Cuentas, profundizando en la crítica para evitar errores del pasado. 

La titular de Hacienda, que en ocasiones anteriores ha manifestado que la actividad auditora es un elemento fundamental para una organización de carácter público, ha matizado que con el presente informe se pone de manifiesto la imperiosa necesidad de adoptar medidas para evitar o reconducir situaciones que resultaron gravosas o irregulares en 2014.

Entre ellas, ha destacado la indeterminación tanto en las sucesivas Ofertas de Empleo Publico, como en las posteriores convocatorias de la distribución de plazas y que a 31 de diciembre de 2014 mantenía pendiente de resolución 576 plazas convocadas; la utilización indebida de contratos de obra y servicios para amparar relaciones de naturaleza indefinida que afectó a 140 trabajadores o el incumplimiento generalizado de los plazos legales de pago. 

Así, ha recordado que el Tribunal de Cuentas somete la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía, por lo que desde la Junta de Extremadura, ha insistido, se valora y presta gran atención a los informes.

CONTENIDO DEL INFORME

El informe remitido por el Tribunal de Cuentas, señala que Extremadura mantiene la práctica de integrar, en el presupuesto y en la Cuenta de la Administración General, los presupuestos y las cuentas de cuatro entes públicos, así como los de tres organismos autónomos; lo que supone que la representatividad de las cuentas esté distorsionada, e impida el análisis particularizado de la contabilidad de estas entidades con personalidad jurídica independiente.

Blanco-Morales ha detallado que la Cuenta General de la Junta de Extremadura se ha rendido en plazo y se han integrado en la misma la práctica totalidad de las cuentas anuales individuales de las entidades publicas autonómicas obligadas a ello.

Por otra parte, la ausencia de algunos módulos del sistema contable condiciona las deficiencias de información que se han detectado en la memoria rendida por la Administración General.

Especialmente, ha explicado, ocurre en la información referida a los gastos con financiación afectada; por lo que el Consejo de Gobierno de Extremadura tuvo que resolver veintidós expedientes con motivo de las discrepancias mostradas por órganos gestores en relación a prestaciones realizadas sin soporte contractual, fraccionamiento del objeto de los contratos e indebida tramitación de modificaciones contractuales.

En todos ellos, tanto la Intervención General como la Dirección General de Servicios Jurídicos coinciden en señalar que el procedimiento utilizado fue inadecuado.

No obstante, pese a que en el ejercicio anterior el remanente de tesorería fue negativo, por un importe de 166 millones de euros, durante el ejercicio 2014 se han financiado incorporaciones de crédito con remanente de 18 millones de euros.

Sobre el presupuesto de gastos, la fiscalización observa que existe una infravaloración de las obligaciones reconocidas, por un importe de 56 millones de euros. Esta cantidad se debe a una inadecuada imputación presupuestaria de pasivos financieros.

En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos, el informe señala que los derechos presupuestarios del ejercicio 2014 se encuentran infravalorados en un total de 14 millones de euros y el importe de los deudores presupuestarios que se encuentran en riesgo de prescripción alcanza los 37 millones de euros.

En cuanto a la dotaciones presupuestarias del Servicio Extremeño de Salud se manifiestan reiteradamente insuficientes a la hora de hacer frente a los gastos reales del ejercicio.

En relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, Extremadura incumplió, en 2014, la regla de gasto y su objetivo de déficit, alcanzando el 2,51% frente al objetivo de déficit establecido del 1%.

La fiscalización también ha constatado prácticas inadecuadas en la contratación de personal por parte de determinadas sociedades, fundaciones y consorcios públicos autonómicos, tanto por no acreditar las razones urgentes e inaplazables que motivaron dichas contrataciones, como por la concatenación de contratos temporales.

El periodo medio de pago superó ampliamente el plazo de 30 días en los tres últimos meses de 2014. Pese a ello, no se elaboró un plan de tesorería, con el calendario y compromiso de las medidas a adoptar, incumpliendo lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

RECOMENDACIONES

Finalmente, el informe recoge una serie de recomendaciones, la mayor parte de ellas incluidas en informes de años precedentes.

Con ello, ha sentenciado que algunas será posible atenderlas de forma más o menos inmediata pero otras requerirán cambios legislativos o modificaciones de procedimientos que necesitan más tiempo.