El Consejo de Gobierno autoriza ayudas por importe de 22,5 millones de euros para el sector agroindustrial

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, quien ha calificado de “vital” el papel que juega el sector agroindustrial en la economía extremeña tanto por su aportación al valor añadido como por su “peso en la generación de empleo”.

En este sentido, recordó que la región cuenta con 1.200 empresas dedicadas a la industria agroalimentaria, lo que representa el 1,91 por ciento del total, y que aquellas dan trabajo a 12.420 personas, lo que equivale a un 2,53 por ciento del número total de personas ocupadas.

De acuerdo con la orden de convocatoria, podrán recibir ayudas los proyectos que impliquen la creación de nuevos centros productivos, la ampliación de las agroindustrias existentes  y la modernización de centros productivos.

Así, se entenderá por modernización de empresas los proyectos que incorporen mejoras sustanciales para sus productos, procesos o servicios, organización o modelo de negocio, y se incluyen en este apartado los  traslados de centros productivos existentes  desde el casco urbano  hasta un polígono industrial o terrenos similares del mismo término municipal, así como inversiones para adaptar el centro productivo a normas nacionales más estrictas que la normativa comunitaria.

La inversión mínima auxiliable se cifra en 25.000 euros y la máxima en 20.000.000 euros. El presupuesto para las ayudas está cofinanciado  al 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

También dentro del apartado de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el Ejecutivo ha aprobado un decreto por el que se regula la aplicación en la Comunidad Autónoma de la nueva normativa comunitaria y  estatal relativa a disposiciones específicas en materia de potencial vitícola destinadas a  mejorar la competitividad del sector y contribuir a la ordenación del viñedo, asegurando un crecimiento ordenado de las plantaciones que se efectúen en territorio nacional.

Las disposiciones contenidas en este decreto establecen un nuevo régimen de autorizaciones, distinto al anterior sistema de derechos que queda derogado,  que será de aplicación únicamente al viñedo destinado a la producción de uva de vinificación.

Las principales novedades con respecto al sistema de derechos se concretan en la necesidad de obtener una autorización, no transferible, para poder realizar una plantación de vid que contará con una validez máxima de tres años computados desde el momento de su concesión. 

La autorización podrá obtenerse por arranque de un viñedo, por la conversión de un derecho vigente a 31 de diciembre de 2015 o a través del cupo anual que será como máximo del 1% de la superficie plantada a 31 de diciembre del año anterior. 

FINANCIAR CENTROS INFANTILES

En el apartado de la Consejería de Educación y Empleo, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regulan las subvenciones a ayuntamientos para financiar los gastos corrientes derivados del funcionamiento de los centros autorizados para impartir el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

La finalidad de estas ayudas, según aclaró Gil Rosiña, es “mejorar la cofinanciación” de esos centros, que están ubicados en un total de 169 municipios y que “están garantizando 3.289 plazas de niños y niñas de 0 a 3 años”.

La aprobación de este decreto, según explicó la portavoz, supone una novedad en cuanto que “hasta ahora se cofinanciaba solo hasta el mes de noviembre y con estas nuevas bases reguladoras la cofinanciación será por el año completo”, todo ello con el fin de garantizar derechos fundamentales como es la educación de cero a tres años y también con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias extremeñas.

Además, la portavoz señaló que con la nueva normativa también se pretende simplificar los trámites de justificación de esta prestación por parte de los ayuntamientos y que en ella se introduce un nuevo criterio de valoración que favorece a las localidades con un menor número de habitantes en la distribución de las subvenciones, a las que supone un mayor esfuerzo el mantenimiento del servicio.

FALLO DEL TSJEX

Por otra parte, la portavoz ha informado de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha fallado a favor de la Asociación de Padres y Madres Escuela Pública Educación Integral (APADEX) en el recurso que esta organización interpuso contra el decreto de la Junta de Extremadura que establecía una nuevo horario lectivo en Educación Secundaria y Bachillerato, aprobado en abril de 2016.

Este recurso estaba motivado por el desacuerdo de la asociación APADEX con la regulación de la asignatura de Religión y su carga horaria en los dos ciclos de la ESO y en primer curso de Bachillerato que introducía el decreto de la Junta de Extremadura, así como en la desaparición de la oferta de esta asignatura en segundo de Bachillerato.

Concretamente, según ha informado la portavoz del Ejecutivo, la sentencia del TSJEX entiende “que no es correcta la nueva ordenación en el horario lectivo que regulaba la Junta de Extremadura en el decreto de abril de 2016”.

En este sentido, Gil Rosiña ha mostrado el “respeto absoluto” de la Junta de Extremadura por las decisiones judiciales y ha anunciado que la intención del Ejecutivo es presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJEX.

La portavoz ha justificado el recurso de casación alegando que la Junta de Extremadura “no está vulnerando la ley educativa que está en vigor en este momento en nuestro país ni el acuerdo entre el Estado y la Iglesia Católica”.

Además, ha defendido “la necesidad de equilibrar y regular unos horarios lectivos no contra la Religión sino garantizando la Religión pero al mismo tiempo fomentando también valeres éticos y ciudadanos e incrementando la asignatura de Filosofía”, un argumento que ha sido reiterado por el Ejecutivo desde que el decreto fue publicado.

Además del recurso de APADEX, la portavoz recordó que se han presentado otros dos contra el decreto de la Junta de Extremadura, uno por parte de la Iglesia Católica, en este caso por vulneración de un derecho fundamental, que ya tuvo un pronunciamiento en contra por parte del TSJEX, y otro por parte de una asociación de docentes, también en desacuerdo con la regulación horaria, sobre el que aún no se ha dictado sentencia.