Ayuntamientos y entidades locales han solicitado las ayudas del Plan de Empleo Social para generar 3.135 puestos de trabajo

Gutiérrez Morán ha informado de ello acompañada por los presidentes de las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, Rosario Cordero y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, una vez ha salido publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) este lunes la resolución con los puestos de trabajo que han solicitado los ayuntamientos y entidades locales de la región de la segunda edición del Plan de Empleo Social.

Los 409 ayuntamientos y entidades locales de la región han solicitado “sin incidencias” el plan y, de ellos, solo Cáceres “no ha optado por crear los puestos de trabajo cubiertos con la subvención en la cuantía íntegra ofrecida por la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales”, ha asegurado la consejera.
“Cáceres ha rechazado puestos de trabajo cubiertos por la subvención que le correspondía”, con lo que “renuncia a casi 600.000 euros, por lo que sólo podrá contratar a 64 personas de las 160 a las que podría darles una oportunidad”, ha añadido.

Con casi 10.000 personas registradas en la oficina del SEXPE de la ciudad, el equipo de gobierno de Cáceres “ha renunciado a la ayuda con la que podría contratar a 96 personas más y se ha negado a ofrecer un puesto de trabajo a 96 personas necesitadas”.

Miguel Ángel Gallardo indicó que “el Plan se ha trabajado en los despachos, sin bombo, platillo y luces de colores, poniendo en valor a las personas para rescatar a muchas familias”, añadiendo que “es lamentable que los que tienen el eslogan ‘lo primero el empleo’ boicoteen el Plan de Empleo Social”. También indicó que en la provincia de Badajoz se han cursado 1.969 solicitudes.

Rosario Cordero explicó que lo que ha hecho la Junta de Extremadura es “escuchar a la gente y dar soluciones al problema de la exclusión social”, pues “este no es un plan como otros que se están realizando; este es social, para rescatar a personas que están en una situación lamentable”, señalando que en el plan anterior los resultados han sido muy buenos.

Esther Gutiérrez ha insistido en que “es un plan voluntario que, por tanto, cada ayuntamiento ha considerado en función de sus prioridades políticas; en Cáceres ha quedado de manifiesto que sus prioridades no son los parados”, por lo que “es evidente la intencionalidad política que los dirigentes del consistorio cacereño están demostrando con el Plan de Empleo Social y con las personas que peor lo están pasando en la capital cacereña”.

En el lado opuesto, varios pequeños municipios han aportado fondos propios para contratar a más personas de las que subvenciona el plan, en total 31 contrataciones más que las contempladas inicialmente.

El Plan de Empleo Social está dirigido a generar rentas a las personas que peor lo están pasando, dijo la responsable de Empleo de la Junta de Extremadura, y subrayó que “no está pensado para satisfacer las necesidades de personal de los ayuntamientos”, sino para dar una segunda oportunidad a los parados de larga duración y proporcionarles un empleo para que después puedan volver a ingresar en el circuito de las prestaciones sociales.

UN PLAN DE URGENCIA

El Plan de Empleo Social surgió de la urgencia y la necesidad que los gobiernos de la Junta de Extremadura y ambas diputaciones se encontraron el pasado año, con más de un 40 por ciento de extremeños desempleados que no recibían ningún tipo de prestación social.

“Por eso, las tres instituciones, inmediatamente, nos pusimos a trabajar conjuntamente para, en tiempo récord, poner en marcha este plan para rescatar a esas mujeres y hombres que, de otra manera, no tendrían ninguna otra oportunidad”, ha recalcado Gutiérrez.

Fruto de la primera edición del Plan de Empleo Social, en la última Encuesta de Población Activa (EPA), en sólo un año la tasa de personas desempleadas que no cobran prestación ha descendido en dos puntos. En octubre de 2015, el 40,3 por ciento de los extremeños en paro habían agotado el periodo de subsidios, cifra que actualmente es del 38,7 por ciento.

“Desde luego, la cifra sigue alarmando y preocupando”, dice la consejera, y por eso, las dos diputaciones y la Junta de Extremadura “hemos asegurado que mientras sea necesario, continuará habiendo nuevas ediciones del Plan de Empleo Social en nuestra comunidad”.

También mostró su satisfacción la consejera con los resultados, teniendo en cuenta que el Plan de Empleo Social no es una política activa de empleo, sino un plan de emergencia social, que en un año ha creado casi 4.000 puestos de trabajo, más de 3.000 por parte de los ayuntamientos y entidades locales y casi 800 por empresas privadas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro. Además, de estos contratos generados en el sector privado, casi 200 personas han seguido en sus puestos de trabajo una vez que se ha agotado el tiempo subvencionado, demostrando el compromiso con la inserción social de las entidades participantes.

La segunda edición del Programa II, el dirigido a empresas y entidades sin ánimo de lucro, mantiene abierto el plazo para que éstas puedan solicitar las ayudas hasta el próximo 9 de diciembre.

ALGUNOS DATOS DEL PLAN DE EMPLEO SOCIAL

En el Plan de Empleo Social se establecen dos periodos de contratación. El primero finaliza el 31 de diciembre de 2016 y el segundo el 30 de junio de 2017. La primera mitad de las contrataciones se debe efectuar, por tanto, antes del 31 de diciembre de este año.

La subvención que le corresponde a cada municipio se calcula en función de los parados que tenga y su población en edad laboral, teniendo como referencia enero de 2016.

Además, en la operación aritmética que se usa se introduce un factor de corrección para que los municipios más pequeños tengan, al menos, la opción de contratar a una persona.

Los contratos son de seis meses, a jornada completa, pensados para que los ayuntamientos contraten personal de servicios múltiples, de mantenimiento y de ayuda a domicilio, aunque es cada ayuntamiento el que decide qué puestos de trabajo impulsa con la ayuda otorgada.

En el Plan no se da prioridad a los preceptores de la Renta Básica. Estos, de manera voluntaria, pueden optar a los puestos de trabajo que ofertan los ayuntamientos. Este es uno de los itinerarios laborales que la Administración está obligada a ofrecer a los preceptores de la Renta Básica pero no es obligatorio que los beneficiarios de Renta Básica opten a estos puestos de trabajo.