El Consejo de Gobierno autoriza un gasto de 1,4 millones de euros para ayudas al transporte de viajeros por carretera

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, quien ha destacado que en esta convocatoria se “recupera” la cuantía que la Junta de Extremadura destinaba a esas ayudas en la anterior etapa del gobierno de Fernández Vara en la región (2007-2011), tras haber sufrido un recorte de un 46 por ciento en la del gobierno popular de José Antonio Monago (2011-2015).

De estas subvenciones, que suponen una bonificación del 50 por ciento del precio del billete por el servicio de transporte, se beneficiarán unas 80.000 personas de colectivos como los mayores de 60 años, perceptores de pensiones contributivas de incapacidad permanente o invalidez, de pensiones no contributivas por invalidez o de prestaciones por tener un hijo con discapacidad de al menos un 65 por ciento.

También se incluyen, entre otros colectivos, los titulares del carné Joven Europeo, las personas víctimas de violencia de género y las que pertenezcan a familias reconocidas oficialmente como numerosas.

Por otra parte, según explicó Gil Rosiña, la Junta de Extremadura trabaja ya en la elaboración de un nuevo decreto regulador de estas subvenciones que incluiría la petición de la Asamblea de Extremadura de que tres colectivos considerados como más vulnerables (mujeres víctimas de violencia de género, parados de larga duración y vecinos de poblaciones con menos de 500 habitantes) puedan disponer de una bonificación del 100 por cien del precio del servicio.

SERVICIOS SOCIALES DE BASE

Por otra parte, en el área de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con varios ayuntamientos de la región para la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica, dotado con 78.050 euros.

Los ayuntamientos con los que se firmará el convenio son Abertura, Alcollarín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo, Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Rena, Villar de Rena y Zorita.

Se trata, ha explicado la portavoz, del último de los 77 convenios de colaboración que permitirán garantizar el acceso a los servicios sociales a todos los ciudadanos de la región, unos servicios que Gil Rosiña ha calificado como “la puerta de entrada” de las dificultades sociales y cuya atención corresponde a profesionales titulados en Trabajo Social.

En este sentido, la portavoz destacó el dato de que en la actualidad el número de estos trabajadores ha pasado de 235 a 284 (49 más en este año) lo que permite, ha añadido, acercarse a la ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes.

Además, ha destacado el hecho de que la Junta de Extremadura haya recuperado la modalidad de convenio con los ayuntamientos en lo que respecta a la financiación de estos servicios (en la etapa anterior era mediante convocatoria de subvenciones) lo que ha permitido que la aportación de la Junta se eleve a un 99 por ciento de esa financiación (80 por ciento en la etapa anterior).