El Consejo de Gobierno aprueba un decreto para garantizar la trazabilidad de la uva y de la aceituna

Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien ha añadido que, de este modo, “se materializa el compromiso de la Junta de Extremadura con los agricultores de la región para luchar contra los robos en el campo y garantizar la seguridad alimentaria”. 

Hasta ahora, ha recordado la portavoz, solo se regulaba la fase de transporte de los productos mediante un documento de identificación de los productos que tenía carácter voluntario.

Con la publicación de este decreto ese documento pasará a ser obligatorio y además se incluye no solo el control sobre el origen sino también sobre el destino final de los productos, ya sean almazaras, cooperativas o puntos de venta privados.

La portavoz ha señalado que este decreto aporta una herramienta de seguridad no solo a los productores sino también a los consumidores y que se debe convertir “en un factor clave para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan controlar la trazabilidad de los productos”.

Además, ha subrayado que el decreto refuerza la coordinación entre las consejerías de la Junta de Extremadura con competencias en esta materia (la de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y la de Sanidad y Políticas Sociales), los ayuntamientos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

De acuerdo con el decreto, las infracciones por incumplimiento de las obligaciones de producción primaria o actividades conexas a la producción primaria relativas al transporte de las uvas y aceitunas sin transformar, exigidas por el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, se regirán por la ley estatal 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición y competerá a la Dirección General competente en materia de agricultura el ejercicio de las potestades de control, inspección y sancionadora.

A los dos años de la entrada en vigor del presente decreto se elevará al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura memoria conjunta por las personas titulares de las Consejerías de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agraria y Territorio y de Sanidad y Políticas Sociales sobre la aplicación de este decreto, y con sus resultados se procederá a corregir o mejorar la regulación de este decreto así como extender el sistema de trazabilidad a otros productos agrícolas que lo requieran.

AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Por otra parte, el Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación de agentes de Empleo y Desarrollo Local, correspondientes al ejercicio 2016-2017, con una dotación de 2.098.000 euros.

Según ha explicado la portavoz de la Junta de Extremadura, los agentes de Empleo y Desarrollo Local tienen como misión principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas relacionadas con la creación de empleo y la actividad empresarial.

En esta convocatoria se espera que de las ayudas se puedan beneficiar un total de 111 entidades para la contratación de 139 agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Por otra parte, en el área de la Consejería de Economía e Infraestructuras, se ha autorizado la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la internacionalización de la actividad económica en Extremadura, para el ejercicio 2016/2017, con una dotación económica de 847.000 euros.

La orden de convocatoria incluye tres líneas de subvenciones: internacionalización de la empresa extremeña; sostenimiento de los gastos de la estructura de gestión común de las sociedades de  comercialización; y contratación de técnicos en comercio exterior.

La portavoz ha señalado que estas ayudas, en su convocatoria anterior, permitieron la participación de empresas extremeñas en un centenar de ferias, misiones comerciales y otras actividades de promoción, así como la contratación de 10 técnicos en comercio exterior.

También ha recordado que es la cuarta vez que estas ayudas se convocan en la región, lo que responde a la política puesta en práctica por el gobierno de Fernandez Vara de mantener aquellas medidas que están dando resultado.

Por último, en el ámbito de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, el Consejo de Gobierno autorizado la firma de convenios de colaboración con varios ayuntamientos y mancomunidades de municipios para la prestación de información, valoración y orientación relacionados con los servicios sociales de atención social básica, con una dotación global de 285.414 euros.

Los convenios se firmarán con los ayuntamientos  de Cristina, Don Alvaro, Manchita, San Pedro de Mérida, Valverde de Mérida, Medellín, Mengabril, Santa Amalia, Valdetorres y Guareña y con la entidad local menor de Torrefresneda, así como con la Mancomunidad Pantano de Alange.