Diputación ha informado sobre las Leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público

La Diputación de Badajoz, a través de su Área de Recursos Humanos, ha celebrado dos acciones formativas sobre las Novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, durante el próximo mes de octubre también se realizarán dos acciones formativas sobre estas Novedades, dada la importancia de las modificaciones que introducen ambas leyes en el funcionamiento de la Administración.

Todas las acciones formativas van dirigidas a empleados públicos locales de la propia Diputación y de los Ayuntamientos de la Provincia, en especial, personal auxiliar y administrativo de los mismos, que son los que han de implementar muchos de los cambios que introducen las dos nuevas leyes.

Los cursos utilizan una metodología eminentemente práctica con el fin de que los empleados públicos puedan visualizar y aplicar las novedades legislativas a sus respectivos puestos de trabajo. Igualmente, se realizarán varios supuestos prácticos sobre los contenidos impartidos cada día con el fin de facilitar la compresión de los importantes cambios que conlleva la aplicación de las dos leyes. Los cursos están siendo impartidos por Vicente Valera, actual Director de la Escuela de Administración Pública de Extremadura y Jaime Gragera, Jefe de Servicio de Informática del O.A.R.

La nueva regulación del Procedimiento Administrativo Común pretende evitar la dispersión normativa tanto en relación con las leyes que regulan la elaboración de actos administrativos como en relación con los textos que ordenan procedimientos reglamentarios y el desarrollo de la iniciativa legislativa. En primer lugar, refunde la anterior Ley de Procedimiento Administrativo del año 1992 y la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos del año 2007.

Las principales novedades consisten, en resumen,  en la regulación de un nuevo procedimiento abreviado, el cómputo de los plazos por horas, la extensión al sábado de la condición de día inhábil a efectos de cómputo de plazos, la eliminación del plazo de 3 meses para la impugnación de actos presuntos, y la regulación de un procedimiento de elaboración de normas. Probablemente la novedad con más incidencia práctica es la extensa regulación de todo lo relativo a la llamada Administración electrónica y la obligación de ciertos sujetos de relacionarse de forma electrónica con la Administración. Un cúmulo de cambios que, sin duda, va a incidir de lleno en el funcionamiento de las Administraciones y en la manera de relacionarse los ciudadanos con ella.