Cristina Herrera asegura que para el Gobierno de España es una prioridad garantizar el bienestar y la integración de las personas con discapacidad

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha participado esta mañana en el acto inaugural de la jornada ‘Las personas con discapacidad ante los procesos judiciales’, celebrado en el Colegio de Abogados de Badajoz. Durante su intervención, la delegada ha asegurado que, durante toda la legislatura, ha sido una prioridad irrenunciable garantizar los niveles de bienestar y de integración de las personas con discapacidad.

En este sentido, ha defendido que el objetivo fundamental ha sido siempre impulsar el empleo de estas personas y, para ello, el Gobierno de España creó un convenio especial que ha supuesto un total de 680.000 contratos. El año 2014 fue el año en el que se firmaron más contratos de personas con discapacidad de toda la serie histórica, según ha dado a conocer la delegada del Gobierno. “Es un dato que debemos celebrar no solo por ser un éxito para la Administración competente, sino porque supone un verdadero paso al frente en la integración de las personas con discapacidad”, ha manifestado.

Además, ha hecho mención a que el Ejecutivo Central ha garantizado la reserva del 7% de plazas en la convocatoria a la formación sanitaria especializada, el MIR, y el 5% en las plazas en las enseñanzas universitarias de grado.

Cristina Herrera también ha destacado que, cada mes, 160.000 trabajadores discapacitados tienen derecho a reducciones o bonificaciones en su cotización. Esta cifra equivale a 650 millones al año. “Además, se ha establecido la obligación de reservar un mínimo de contratos públicos a favor de centros especiales de empleo de personas con discapacidad”, ha añadido.

Ley General

La delegada del Gobierno también se ha referido a la aprobación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que les otorga una mayor seguridad jurídica. Para Herrera, “se trata de una demanda histórica de las personas con discapacidad y de sus familias, que supone reconocerles como pleno titulares de derecho”.
También ha recordado que se ha garantizado que desde el 1 de enero de 2016 se aumente el ingreso para poder compatibilizar el cobro de la pensión de invalidez no contributiva con el ejercicio de una actividad, independientemente de que sea lucrativa o no.

Además, ha señalado que en la reforma fiscal se ha beneficiado de forma especial a las familias que tienen entre sus miembros a personas con discapacidad. Para ello, se ha introducido un fuerte aumento de los mínimos por discapacidad del contribuyente, un 29%, creando nuevas ayudas económicas de 1.200 euros anuales para las familias con un descendiente o ascendiente con discapacidad. 

Según la delegada, para el Gobierno de España “lo importante es capacitar la discapacidad con derechos y hechos”, y ha mostrado el apoyo de la Delegación del Gobierno para este cometido.