El Gobierno extremeño luchará contra el fraude en la contratación y aumentará la prevención en riesgos laborales

La directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, ha anunciado hoy que las principales líneas de la Inspección de Trabajo el próximo año serán la lucha contra el fraude en la contratación y el incremento de la prevención en riesgos laborales.

Pacheco ha participado esta mañana en la reunión de la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo, órgano bilateral donde está representada tanto la Comunidad Autónoma como el Gobierno central.

La directora general de Trabajo ha especificado que “se va a luchar contra el fraude laboral y la economía sumergida y se va a intensificar la prevención en materia de riesgos laborales, incidiendo en el cumplimiento de la ley y en la vigilancia de la salud e investigación de los accidentes”.

En este sentido, ha asegurado que se mantendrá el convenio suscrito con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aunque con un nuevo enfoque, “no tanto en la persecución de desempleados, como hasta ahora, sino un poco más en el control del fraude en la contratación”.

Pacheco ha detallado que, hasta el 31 de octubre de 2015, han aflorado 2.700 contratos dentro de la economía sumergida, lo que supone un 19% más con respecto al año anterior. Actualmente, el sector servicios y la construcción son las áreas en que registran más casos de fraude en la región.

Por otro lado, la directora general ha destacado que la actividad inspectora se incrementará en 2016 con respecto a este año y, en este sentido, “se ha trazado una buena colaboración entre la Administración autonómica y la Inspección de Trabajo, para que haya una comunicación fluida y colaboración permanente con el fin de intentar que el mercado de trabajo en Extremadura sea lo mejor posible; es decir, que el empleo que se cree sea de calidad a través de asegurar las condiciones y derechos de los trabajadores”.

Por provincias, Badajoz cuenta con 15 inspectores y 13 subinspectores; y Cáceres, con 8 inspectores y 9 subinspectores. Esto se traduce en un inspector por cada 8.000 afiliados a la Seguridad Social.