La Junta creará el Observatorio de la Vivienda y una red de intermediación bancaria

La secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque, ha anunciado la próxima creación del Observatorio de la Vivienda y de una red de intermediación bancaria, para intervenir en procesos de desahucio.

Moreno Duque ha explicado, en una comparecencia este lunes en la Asamblea, la composición general y las líneas de actuación de su departamento, incidiendo en su carácter dual, que radica en la importancia de la gestión social y económica de las políticas.

Moreno Duque ha manifestado que el interés prioritario de la Junta de Extremadura es dar una respuesta normativa urgente con el fin de aminorar el impacto de la crisis y generar confianza entre la población hacia las políticas de vivienda. Para ello, se han marcado unas líneas generales basadas en la protección y el amparo de los ciudadanos desde las instituciones.

La responsable de Vivienda ha asegurado que las políticas relacionadas con el ámbito de vivienda se han elaborado en base a la realidad social que atraviesan gran parte de los extremeños. “No hemos de olvidar que, a fin de cuentas, las viviendas son los hogares de personas, personas que en muchos casos se enfrentan a expedientes de desahucio, originando una situación de desamparo y emergencia social”, ha advertido.

NUEVA LEY DE EMERGENCIA SOCIAL

Para ello, Moreno Duque ha adelantado algunas medidas, como promulgar la Ley de Emergencia Social, que modifica la Ley 3/2001, y que dotará a la Junta de Extremadura de la herramientas legales necesarias para poder intervenir en procesos de desahucio. En ese marco, se creará una red de oficinas de intermediación bancaria como elemento de mediación y conciliación en los procesos de desahucio.

Además se creará el Observatorio de la Vivienda con el fin de gestionar coherentemente el parque de viviendas extremeño. Por otro lado, se modificará el decreto que regula la composición de la Comisión Regional de la Vivienda para conseguir la inclusión y participación de todos los actores sociales y grupos parlamentarios.

También se desarrollará el decreto contra la exclusión social, que, entre otras medidas contempla eliminar la concesión de las viviendas mediante sorteo, reemplazándola por la baremación objetiva de las necesidades. Igualmente, esta norma prevé incluir ayudas al alquiler privado para personas en procesos de desahucio, mientras estén a la espera de la concesión de una vivienda pública.
Asimismo, se va a trabajar para agilizar los trámites dilación indebida en el proceso de adjudicación de viviendas. Por otro lado, se van a recuperar los incentivos de compra de vivienda pública con el fin de convertir inquilinos en propietarios.