La Junta apoyará a los colectivos afectados por el camalote pese a ser competencia del Gobierno central

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, ha afirmado que el Ejecutivo regional apoyará a todas las entidades locales y plataformas ciudadanas afectadas por la presencia del camalote en el río Guadiana, a pesar de que ésta es una competencia del Gobierno de España.

García Bernal ha realizado estas declaraciones en Medellín, donde ha mantenido un encuentro con la Plataforma SOS Guadiana al que también han acudido la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas y la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera.

La titular de Medio Ambiente ha destacado que las repercusiones negativas e incidencias de esta planta afectan a ámbitos en los que la Administración autonómica sí tiene responsabilidades como el medio ambiente y la agricultura.

Durante la jornada han visitado diferentes lugares a lo largo del cauce a su paso por Medellín para comprobar el estado del río Guadiana y las labores de limpieza que se están llevando a cabo en relación a una planta que asola el Guadiana.

La jornada ha servido como preparación para la reunión que mantendrá en Bruselas el próximo 18 de noviembre Begoña García con el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja Crespo.

“No nos vamos a poner de perfil, vamos a dar un paso al frente”, ha añadido Begoña García, quien se ha mostrado esperanzada por que las autoridades comunitarias den un impulso importante para resolver la presencia de esta planta que ya ha llegado a la frontera con Portugal.

Según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la presencia del camalote se extiende sobre 75 kilómetros del río Guadiana.

Por su parte, Clara Aguilera ha asegurado que desde su posición tratará que la planta sea declarada como invasora por el Parlamento Europeo, una decisión que se tomará antes de finales de año y que permitiría destinar más fondos económicos para luchar por su desaparición. Según la eurodiputada, “es vital que todas las administraciones y plataformas ciudadanas vayan de la mano y en el mismo sentido para atajar el problema”.