La Diputación de Badajoz aprueba el convenio de colaboración con la Junta de Extremadura para la financiación del Plan de Empleo Social

La Diputación Provincial de Badajoz, con los votos favorables del grupo socialista y la abstención de los populares, ha aprobado en un pleno extraordinario destinar seis millones de euros para la financiación del Plan Empleo Social gracias a un convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres. Este Plan tiene como finalidad incentivar la contratación de personas desempleadas en los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en su caso, por parte de pequeñas y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro y empresa de economía social.

Las entidades firmantes mantienen un especial interés en la implementación de cuantas medidas sirvan para dar solución al problema del desempleo en la región conscientes de las personas que lo sufren y que prácticamente se encuentran en situación de exclusión social. 

Las partes consideran que se hace necesario dar continuidad a esta apuesta por el empleo local como medida de fomento del empleo y generación de rentas en nuestra Comunidad Autónoma, financiando la contratación por parte de las entidades locales de Extremadura, así como en su caso, por parte de pequeñas y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro y empresa de economía social, de personas desempleadas de larga duración que carezcan de prestación o subsidio por desempleo, permitiéndose la participación de los perceptores de Renta Básica Extremeña de Inserción.

El presente acuerdo se formaliza en el marco de las medidas anunciadas por el presidente de la Junta de Extremadura y que se materializarán en la aprobación de un Decreto por el que se regule dicho convenio. Se extenderá desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2018, prorrogándose si expresamente lo acuerdan las partes. El total del dinero destinado al Plan es de 24 millones de euros, de los cuales 12 son aportados por las diputaciones extremeñas a partes iguales, y los otros 12 por la Junta de Extremadura.

La Diputación de Badajoz se compromete a destinar seis millones de euros durante las anualidades 2015 y 2016 con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente, así como a ingresar dicho montante en la Tesorería General de la Junta de Extremadura, el 15% antes del 30 de diciembre de 2015, y el otro 85% restante con la fecha límite del 30 de abril de 2016.

El presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, ha explicado que esos seis millones se van a detraer de diferentes partidas con el objetivo de poner en valor la prioridad del empleo pero manteniendo los planes de obras y servicios, felicitando a Guillermo Fernández Vara y al gobierno extremeño por dicha iniciativa.

Mediante el presente acuerdo, la Diputación Provincial se compromete a apoyar la financiación a los municipios de la provincia de Badajoz de hasta 20.000 habitantes así como, en su caso, a pequeñas y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro y empresa de economía social, para la contratación de personas desempleadas de larga duración que carezcan de prestación o subsidio por desempleo, pudiendo participar los perceptores de Renta Básica Extremeña de Inserción. 

Las contrataciones que realicen los ayuntamientos y entidades locales deberán ir avaladas por un informe de los servicios sociales de base expresamente emitido al efecto en el proceso de selección. En las contrataciones que efectúen entidades privadas la necesidad social se explicitará en los criterios de puntuación que establece el decreto para su  aplicación por la Comisión de Valoración constituida al efecto.

La cuantía máxima de la subvención a conceder a cada entidad local debe ser proporcional a sus datos de desempleo y población y por ello el reparto del crédito de cada una de las convocatorias se efectuará distribuyéndose éste en función de criterios objetivos, es decir, los datos de demandantes parados existentes en la entidad local solicitante, que ponderará en un 75% sobre el total, y la población en edad laboral de cada municipio respecto a la suma de la población en edad laboral de todas las entidades solicitantes,  el   25% restante.