Podemos exige a la Junta que Extremadura se posicione en contra del TTIP

El Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Extremadura exige a la Junta de Extremadura que se posicione claramente en contra del Acuerdo Transatlántico de comercio e Inversión, conocido como TTIP por sus siglas en inglés, que negocian la Unión Europea y Estados Unidos.

Este acuerdo, que se está trabajando a espaldas de la ciudadanía, representa un peligro para la democracia y para la protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de determinadas compañías al interés general.

Así lo expondrá la diputada Irene de Miguel, que participa esta mañana en unas jornadas organizadas por CCOO en las que se evalúa de qué manera se podría ver afectada la sostenibilidad del sistema agroalimentario extremeño si sale adelante el TTIP.

Podemos Extremadura recuerda que el PSOE de Extremadura llevó en su programa electoral su apoyo para lograr un acuerdo trasatlántico de inversiones y comercios con Estados Unidos, obviando las repercusiones que podría tener para la ciudadanía y la agricultura extremeña.

Estudio independiente

La propuesta de impulso presentada por Podemos en la Asamblea exige también que se encargue un estudio independiente que evalúe los costes e implicaciones concretas de este acuerdo para la población extremeña y sus sectores productivos. Y es que los cambios legislativos que se puedan derivar de estos acuerdos podrían tener implicaciones importantes sobre las competencias autonómicas.

Con esta petición, la Asamblea de Extremadura debatirá, a instancia de Podemos, las repercusiones reales del TTIP en la región.  Uno de los objetivos básicos del TTIP es la liberación total de los servicios públicos lo que pone en peligro todos los servicios y contrataciones públicas, en todos los ámbitos administrativos, así como la capacidad y el margen de maniobra real de los representantes públicos democráticamente elegidos para administrar las entidades y desarrollar las políticas locales de acuerdo al interés general.

El Grupo Parlamentario solicita además al Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno central la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, y al de Hacienda que se mantengan el carácter público de llamados servicios sociales útiles.