La Junta de Extremadura defenderá ante el ministerio de Sanidad la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares

Ante la convocatoria de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocada por el Ministerio de Sanidad para el próximo 2 de septiembre, la Junta de Extremadura apuesta por prestar la asistencia a los inmigrantes en situación irregular en condiciones de igualdad efectiva que los residentes en Extremadura. Eso es lo que defenderá en dicha reunión el director general de Asistencia Sanitaria de la Junta, Vicente Alonso Núñez, que irá en representación del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

El ejecutivo de Guillermo Fernández Vara trabaja por la universalidad de la atención sanitaria, lo que significa incluir, por razones humanitarias y de salud colectiva, a una población tan vulnerable como los inmigrantes en situación irregular. La Junta de Extremadura intentará convencer al Ministerio de Sanidad de que es la mejor manera de llegar a un consenso.

No compartimos la idea de un registro de inmigrantes ni el planteamiento de que el acceso de los que están en situación irregular sea solo a la Atención Primaria, pues además de conllevar muchas consecuencias para el paciente, también afectaría a los profesionales al situarlos en la absoluta inseguridad jurídica ante determinados problemas de salud. Por tanto, la Junta mantendrá un criterio contrario a esta propuesta del Ministerio de Sanidad, ya que generaría desigualdad en los ciudadanos.

La Junta de Extremadura quiere que la asistencia a los inmigrantes en situación irregular sea a la Atención Primaria y la Atención Especializada, así como a las prestaciones farmacéuticas con idénticas condiciones de copago que al resto de la ciudadanía extremeña. Esto no supondrá un incremento significativo del gasto sanitario en la Región pero ayudará a rebajar el coste al atenderse a tiempo las enfermedades.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales acreditará estos derechos mediante tarjeta sanitaria válida para el territorio de Extremadura, ya que el Estatuto de Autonomía otorga a la Junta de Extremadura las competencias sanitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, la Junta de Extremadura lamenta profundamente que el Gobierno de España no derogue el Real Decreto Ley 16/2012, pues así se terminaría con este tremendo problema. Es algo que venimos reclamando al Ministerio de Sanidad y creemos que no son de recibo las contradicciones y cambios de postura del gobierno de España respecto a este asunto.