El Gobierno de España impulsó 22 convenios con Extremadura en 2018, con una inversión conjunta de 77 millones

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha cerrado el Informe anual sobre los convenios de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas suscritos durante 2018, periodo en el que suscribieron un total de 603 convenios o acuerdos, en los que participaron el Estado y una o varias comunidades autónomas.

En el caso de Extremadura se suscribieron 22 convenios en distintas materias que incluyen un compromiso de inversión conjunta superior a los 77 millones de euros, de los que el Estado aporta 40,6 y la Comunidad Autónoma de Extremadura 37,2.

El ministerio que mayor número de convenios ha firmado con Extremadura ha sido el de Agricultura, Pesca y Alimentación, con 6 convenios; seguido por Fomento, con 4; Sanidad, Política Territorial y Trabajo han firmado dos convenios y con uno figuran los ministerios de Ciencia, Cultura, Educación, Hacienda y Transición Ecológica.

El Gobierno, con la suscripción de estos convenios, ha canalizado uno de los objetivos que se fijó en la agenda territorial desde su toma de posesión en junio de 2018, como es impulsar el uso y desarrollo de instrumentos que garanticen que las actividades que desarrollan el Estado y las comunidades autónomas sean coherentes y complementarias.

Estos instrumentos de cooperación resultan necesarios para asegurar el mejor uso de los recursos materiales y humanos de las diferentes administraciones públicas, evitando posibles duplicidades administrativas y respetando las competencias de cada administración, y ello con el fin de que los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos se desarrollen de forma concertada y que sus objetivos sean compartidos por los tres niveles administrativos: estatal, autonómico y local.

Impulso a la cooperación Estado-CCAA

Para alcanzar este objetivo, la firma de más de 603 convenios en 2018 es una garantía de la confianza del Gobierno en el sistema autonómico, de su propósito de tratar de forma equitativa problemas económicos y sociales comunes en todas las comunidades autónomas y de su apuesta decidida por asegurar la eficiencia y coherencia en la gestión pública.

Con este fin, los convenios de cooperación impulsados durante 2018 han dado respuesta a problemas y situaciones de hecho conocidas por la opinión pública y que requieren de un compromiso compartido entre el Estado y las comunidades autónomas.

Aunque todos los ministerios participan de este modo de actuación, el 20% del total de convenios firmados corresponden a dos departamentos, que han desplegado una actividad de cooperación más intensa: Agricultura, Pesca y Alimentación (10,96%) y Fomento (9.97%). Otro 25% corresponde a otros tres departamentos: Ciencia, Innovación y Universidades (8,97%), Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (8,64%) y Cultura y Deporte (8,14%). En resumen, la actividad más intensa de colaboración se corresponde con materias en las que coinciden competencias del Estado y autonómicas.

La media de convenios firmados por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía ha sido de 32, si bien destacan los firmados con la Comunidad de Madrid (108 convenios) y Andalucía (58). Las comunidades autónomas con menor actividad en este terreno en 2018 han sido País Vasco (14) y Navarra (19) y la ciudad de Ceuta (18).

El contenido de los convenios de cooperación es muy variado y heterogéneo, ya que buscan dar respuestas a situaciones diversas y no siembre coincidentes, aunque para su mejor análisis se ordenan en tres grupos que atienden otras tantas finalidades.

En un primer caso, el Estado y las comunidades autónomas firman convenios para articular el ejercicio de sus competencias cuando ambas partes tienen responsabilidad sobre la materia que se analiza. Es el caso de los convenios firmados para el soterramiento o integración de redes ferroviarias de ADIF en el desarrollo urbano de las ciudades, como se ha llevado a cabo en 2018 en Vigo o Valladolid para impulsar la mejora urbana de estas ciudades y mejorar su movilidad interna y el mayor uso de sus espacios públicos.

En un segundo supuesto, el Estado suscribe convenios para promover e impulsar el desarrollo de actuaciones que corresponden a las comunidades autónomas pero que el Gobierno tiene interés de impulsar, lo que frecuentemente realiza mediante aportaciones presupuestarias especiales. El Plan Estatal de Vivienda es el mejor ejemplo impulsado durante 2018 con todas las comunidades autónomas en situación de igualdad y con especial atención a la equidad en el trato a todas las comunidades autónomas.

Otros ejemplos de estos convenios son los firmados para la realización de actuaciones en materia de desarrollo rural sostenible, los dirigidos a la financiación de programas en niveles obligatorios de la enseñanza, los relativos al desarrollo de programas de incentivos de la actividad investigadora; los referidos al programa de farmacovigilancia; los relativos a la participación autonómica en los beneficios derivados de los bienes decomisados por el tráfico de drogas; o aquellos que financian programas dirigidos a colectivos específicos, como desempleados, mujeres en situación de vulnerabilidad social, o inmigrantes.

Además, en determinados casos, el Estado presta su apoyo financiero para atender situaciones y necesidades especiales, como las que existen en Canarias, donde el alejamiento geográfico y la insularidad requieren de un esfuerzo adicional del Gobierno en carreteras, obras hidráulicas o mejora de la calidad turística.

En un tercer caso, el Estado y las comunidades autónomas alcanzan acuerdos que suponen que los medios dependientes de una administración se ponen al servicio de otra administración diferente que requiere de este tipo de colaboración al no disponer de medios propios para atender por sí solo las demandas y necesidades ciudadanas. Son instrumentos de cooperación que aseguran el auxilio mutuo entre las diferentes administraciones públicas. Es el caso de los convenios de cesión del uso de programas informáticos entre administraciones, para la implantación de servicios digitales en el ámbito de la educación o la justicia, o los relativos al sistema cartográfico nacional.

Los convenios están íntimamente relacionados con el desarrollo del Estado autonómico desde sus inicios, y por eso se vienen usando para arbitrar mecanismos prácticos que abordan situaciones concretas y que aportan una visión integrada y compartida de los problemas sociales y administrativos de todas las comunidades autónomas.