La Junta pone en marcha el servicio del Centro de Atención Telefónica a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha anunciado que este lunes,entra en funcionamiento el servicio del Centro de Atención Telefónica a las familias que se encuentran en riesgo de perder su vivienda con motivo de una ejecución hipotecaria o por otros procedimientos de desahucio.

Vergeles ha hecho este anuncio en Mérida, en un acto al que también han asistido la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque; y la gerente del Instituto de Consumo de Extremadura, Leonor Martínez Pereda.

Ha explicado que las personas que marquen el 924 090 616 van a tener al otro lado del teléfono, de lunes a viernes y en horario de 8:00 a 15:00 horas, un equipo de personas que tomarán sus datos de contacto y se encargarán de trasladarlos a la oficina de enlace más cercana a su domicilio de los  cuatro que ya funcionan en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

El personal especializado que se encuentra a cargo de estas oficinas contactará con ellos y les atenderá para ayudarles a intentar, con arreglo a la legislación vigente, reconducir su situación para evitar la pérdida de su vivienda.  

El consejero ha afirmado que dicha atención, “que se complementa con la web intermediacionvivienda.juntaex.es”, se reforzará con el funcionamiento de la red de 24 puntos de atención presencial que ya están en proceso de instalación y montaje en otros municipios de la región y que, “bajo nuestra coordinación y supervisión”, comenzará a funcionar en los primeros meses del próximo año.

Se establecerá un calendario de atención semanal en dichas oficinas para dar cobertura a todos los partidos judiciales de la región y se pondrá a disposición de las familias una atención ante situaciones en riesgo de pérdida de su vivienda por esos desahucios “directa y cercana a su domicilio” durante todos los días laborales de la semana.

Vergeles ha indicado que el diseño del servicio ubica y deposita en esas oficinas de enlace la gestión del Registro de Alquileres Sociales que se va a dotar con las viviendas aportadas para ese fin por otras administraciones e instituciones, entre las que se encuentran las entidades bancarias, e incluso por particulares que, “siguiendo un procedimiento que estamos diseñando al uso, quieran poner inmuebles a disposición de esa bolsa”.

Al poner en manos del mismo servicio la gestión de la intermediación para evitar los desahucios, la del registro de las demandas de vivienda que existe en Extremadura y la de la bolsa de inmuebles destinados a dar cobertura a esas demandas, permitirá una más inmediata protección y atención a las necesidades de vivienda que, por una u otra causa, se generan en la región.

DATOS DEL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA

El consejero también ha presentado los datos del Observatorio de la Vivienda, que permite conocer el parque residencial de Extremadura para que “no haya gente sin casas ni casas sin gente”.

Según datos del año 2015, en la región extremeña hay un total de 660.012 viviendas, lo que supone un 2,6 por ciento del total de las viviendas españolas. De ese total, el 65,5 por ciento son viviendas principales y el 34,5 por ciento son viviendas no principales.

El 28,30 por ciento de estas viviendas se encuentran en municipios con más de 50.000 habitantes; el 16,90 por ciento están en municipios que tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes; y el 20,30 por ciento de esas viviendas en localidades que tienen entre 5.001 y 20.000 habitantes.

El 44,8 por ciento de las viviendas se encuentran en municipios con menos de 5.000 habitantes; el 55,2 por ciento son viviendas urbanas y el 44,8 por ciento rurales.

Según el tipo de vivienda, el 57,5 por ciento son unifamiliares en las que vive una familia y el 42,5 por ciento son plurifamiliares, es decir, que viven varias familias.

El 5,1 por ciento, es decir, 33.000 viviendas tienen problemas de accesibilidad; el 7 por ciento tienen algún problema de conservación; y el 0,9 por ciento pueden calificarse de infraviviendas.

Vergeles ha dicho que se también se están realizando encuestas a ayuntamientos y y visitas presenciales y ha comentado que a fecha del 18 de noviembre de este año, se han realizado un total de 12.776 encuestas, con una validez en el cuestionario del 93,73 por ciento.

En el 71 por ciento de los casos se ha entrevistado al adjudicatario de la vivienda y en el 35 por ciento a otro residente de la misma.

El consejero ha afirmado que la tipología del usuario de la vivienda pública tiene una edad que oscila entre los 18 y los 65 años; la media de personas que habitan estas casas es de 3,4; sus ingresos son por contratos temporales; y suelen ser viviendas de una media de 16 años en la construcción.

Asimismo, la mayoría de las viviendas tienen el contratos de alquiler renovado suelen hacer frente a las cuotas de alquiler; menos de un 24 por ciento de las mismas necesitan reformas; y el 73 por ciento de los inquilinos están interesados en adquirirlas.