El Consejo de Gobierno autoriza las ayudas para dotar de libros de texto a los centros concertados

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha hecho este anuncio en el transcurso de la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que también se ha aprobado encargar a la empresa pública GISVESA el programa de desarrollo del Observatorio de la Vivienda, durante este año 2016, con un presupuesto de 400.000 euros.

En relación con la primera de las medidas destacadas, la portavoz señaló que las ayudas para la dotación de libros de texto beneficiarán a un total de 74 centros concertados y a más de 9.000 alumnos.

Además, contrastó la dotación global de las ayudas para el próximo curso (sumando las destinadas a centros públicos y a centros concertados), que cifró en una cantidad cercana a los 7 millones de euros, con las del curso 2014/15, convocadas todavía por el Ejecutivo del Partido Popular, que contaron con un importe de 3,8 millones de euros.

En este sentido, reiteró que uno de los grandes objetivos del actual gobierno de la Junta de Extremadura es la apuesta por la educación y por igualdad de oportunidades, una apuesta que, dijo, se debe hacer “no sólo desde los discursos sino desde los presupuestos públicos”, y recordó que el Ejecutivo de Fernández Vara también ha recuperado las ayudas para el transporte escolar para los alumnos de FP y Bachillerato.  

La autorización para convocar las ayudas a los libros de texto ha ido acompañada de otra medida complementaria que es la modificación del decreto que las regula.

Concretamente, el Ejecutivo ha modificado el decreto para que estas subvenciones queden fuera del régimen de mínimis y, de este modo, puedan optar a ellas los centros privados concertados.  

MEDIDAS DE APOYO EDUCATIVO

Por otra parte, también en el área de la Consejería de Educación y Empleo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto 31/2013, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Estas ayudas tienen tres modalidades (atención logopédica, apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente y psicoterapia) y lo que se pretende con esta modificación es, por una parte, agilizar la gestión de manera que se puedan convocar indistintamente cualquiera de las tres modalidades y, por otra, favorecer a las familias más desfavorecidas permitiendo adelantar el pago de estos servicios de atención especializada y apoyo educativo.

Esta modificación, así como con otras que se han aprobado en las reuniones del Ejecutivo a lo largo del último año, tiene como finalidad hacer que las ayudas lleguen al mayor número posible de familias, y, especialmente, a las más desfavorecidas, según explicó la portavoz.

Gil Rosiña destacó que todo ello forma parte de uno de los ejes principales de la acción de la Junta de Extremadura, como es la apuesta por las políticas públicas que permitan tener un sistema educativo de calidad.

La portavoz del Ejecutivo destacó la importancia de estas ayudas, para las que se recibieron un total de 452 solicitudes durante el curso pasado.  

OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA

Por otra parte, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, anunció que el Ejecutivo ha autorizado el encargo a la empresa pública Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura (GISVESA) de la ejecución del programa de desarrollo del Observatorio de la Vivienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016, por un importe de 400.000 euros.

El Observatorio de la Vivienda, adscrito a la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, tiene como principal función mantener un sistema global y actualizado de la cómo se encuentra el parque residencial tanto público como privado, según explicó Vergeles.

Mediante este encargo la empresa pública podrá efectuar el “trabajo de campo” en diferentes localidades de la región, en un primer momento aquellas ciudades donde existe un mayor volumen de vivienda pública, para obtener una “imagen” de en qué condiciones de habitabilidad se encuentra el parque residencial.

Veregeles añadió que más adelante ese trabajo se irá extendiendo a todas las zonas geográficas de la Comunidad Autónoma.

Ese trabajo permitirá también, según el consejero, “conocer cuántas viviendas están vacías realmente y de ellas cuántas necesitan rehabilitación para mejorar sus condiciones de habitabilidad”.

“En lo que llevamos de legislatura –puntualizó- tenemos 669 solicitudes de viviendas sociales en la Comunidad Autónoma y esto hace que nos pongamos las pilas en conocer el parque residencial público y el parque residencial privado”.