El perfil del usuario de los centros extremeños de drogodependientes es el de un hombre, policonsumidor y con más de 10 años de consumo

El perfil del usuario de los centros extremeños de drogodependiente es el de un hombre, de entre 26 y 44 años, policonsumidor, con la heroína como droga principal, con más de 10 años de consumo, con causas judiciales pendientes y un nivel de estudios de Educación Primaria.

El secretario técnico de Drogodependencias del Servicio Extremeño de Salud, Quintín Montero, acompañado por Juan Santiago Garrido, presidente de la Federación Extremeña de Ayuda al Drogodependiente, y Jesús María Vázquez, vocal de Extremadura de la Unión Nacional de Asociaciones de Atención al Drogodependiente (UNAD), ha presentado esta mañana en Mérida los resultados de un estudio que se ha realizado sobre una muestra de 46.000 personas atendidas en más de 200 centros de toda España, 11 de ellos en Extremadura.

Montero ha destacado que se trata del primer estudio de este tipo que se hace desde una perspectiva de género, y ha precisado que aunque los hombres siguen siendo mayoría entre los usuarios de este tipo de centros, está aumentando el número de mujeres, que en el conjunto de España son ya un 20 por ciento y en Extremadura una de cada cuatro.

También ha apuntado que el 90% de las mujeres que acuden a estos programas de ayuda son o han sido víctimas de violencia de género.

El secretario técnico de Drogodependencias ha señalado que probablemente las mujeres prefieren acudir antes a otras vías de tratamiento porque, en su opinión, “los centros de atención y la metodología que aplican están pensados por hombres y para hombres”.

Por su parte, Jesús María Vázquez ha indicado que las mujeres son mayoría entre los usuarios de estos centros en el grupo de edad de más de 44 años, y que en este sector de población la droga más consumida son los antidepresivos.

Juan Santiago Garrido ha llamado la atención sobre el hecho de que una baja percepción del riesgo y de la alarma social sobre el consumo de drogas está causando una disminución de los recursos aportados por los ciudadanos, las empresas y la Administración a las entidades de la red de atención a drogodependientes, que está poniendo en riesgo de desaparición a algunas de estas organizaciones.