El Gobierno de Extremadura reformará la Ley del Consejo Consultivo de Extremadura de 2001. La normativa se adaptara no solo al actual Estatuto de Autonomía, sino al nuevo al Estatuto de Altos Cargos.

Los cambios en el texto legal tendrán como objetivo una mejora sustancial del mismo en diversos aspectos, en aras de una mayor claridad y definición del alcance y las limitaciones que establece su articulado.

En particular se centrarán en aquellos artículos concernientes al régimen al que están sujetos sus miembros y, sobre todo, a las incompatibilidades que se derivan del desempeño de sus puestos.

El Gobierno de Extremadura entiende que la Ley del Consejo Consultivo necesita una renovación que la adapte a unos tiempos en los que la ciudadanía, así como el propio Ejecutivo del presidente Monago de forma muy destacada y constatada, exigen que las administraciones públicas y los organismos vinculados a las mismas sean un modelo a imitar por el resto de entes sociales por su transparencia, rigor y ejemplaridad.

La necesidad de su reforma ya fue anunciada en la toma de posesión como presidente de Pedro Tomas Nevado-Batalla y es uno de los objetivos del Consejo.

Entre las novedades de la misma, los consejeros del Consultivo deberán informar al resto del Consejo de sus tareas de producción científica o técnica, admitidas como compatibles. Además deberán dar cuenta al pleno del Consultivo y notificarlo al Registro de Conflicto de Intereses de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, creado en la Ley reguladora del Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno. La reforma contendrá asimismo sanciones para quienes no se ajusten a derecho.

Cabe recordar que el actual Gobierno extremeño ya ha demostrado su espíritu reformista y regeneracionista elaborando e impulsando leyes y normas tan importantes como la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura o, sólo hace cinco meses, la Ley reformadora del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Precisamente la puesta en marcha de esta última, que es la más exigente y rigurosa de entre todas las leyes sobre la materia que existen en España, aconseja llevar a cabo una serie de modificaciones en la Ley del Consejo Consultivo, a fin de incorporar a su contenido tanto el espíritu de fondo como parte significativa de los requisitos concretos que marcan el citado estatuto de cargos públicos.

La vigente Ley del Consejo Consultivo se limita a trasladar el régimen de incompatibilidades de sus miembros al previsto en la legislación que regule el de los componentes del Consejo de Gobierno. Con la reforma, el nuevo articulado contendrá específicamente las incompatibilidades que afectarán a los integrantes del Consejo Consultivo, de modo que será mucho más explícito e impedirá cualquier confusión o ambigüedad, sin que quepan interpretaciones en un sentido u otro.