La Junta define el protocolo antidesahucios como un buen instrumento para que las familias opten a una vivienda digna

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales desmiente rotundamente que se haya producido ningún lanzamiento o desahucio de familias en Mérida, ya que la vivienda en cuestión no se encontraba ocupada. Sobre esa vivienda, sita en la calle Juan de la Cosa, la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo tenía un auto judicial de entrada por ocupación ilegal.

Ante esta circunstancia y en aras de la cautela y la prudencia que la Junta de Extremadura adopta en estos casos, durante meses se hizo un seguimiento para constatar si efectivamente había alguien viviendo en ella. Una vez confirmado por los funcionarios que no había nadie viviendo en ella, se procedió a la apertura de la vivienda con el fin de recuperarla para el parque de viviendas de la Junta.

A las tres horas de proceder a esa recuperación, se persona una mujer diciendo que la vivienda es suya. Se comprueba que la señora, su pareja y sus dos hijos son adjudicatarios de otra vivienda social en otro de los barrios de Mérida. Las llaves de esta vivienda recuperada han sido entregadas a una familia que se encontraba pendiente de adjudicación directa de vivienda a propuesta del Ayuntamiento de Mérida. La familia que reclamaba esa vivienda, que no ocupaban y que no tenían adjudicada, ha sido atendida en la Secretaría General de Vivienda, donde se les ha trasladado que se atenderá su petición de cambio de vivienda, de la que tienen adjudicada legalmente en la calle Juan Canet a otro barrio de la ciudad.

Los extremeños y extremeñas pueden ahora cotejar, con esta información, si existen o no diferencias entre la política que se sigue en esta legislatura con la que había en la anterior. El protocolo antidesahucios firmado con los colectivos sociales más representativos que trabajan en este ámbito es una de esas diferencias.